Senadores de la Bancada Democrática denuncian que las reformas impulsadas por el oficialismo fueron elaboradas desde la ANR sin consultar al TSJE. Aseguran que las modificaciones buscan beneficiar al cartismo y afectar a la disidencia colorada.
Legisladores de la oposición agrupados en la Bancada Democrática anunciaron que no participarán de la sesión extraordinaria convocada para este viernes, en la que se pretende aprobar una serie de modificaciones al Código Electoral. Según denunciaron, el proyecto fue redactado en la sede de la Asociación Nacional Republicana (ANR), bajo la dirección de Horacio Cartes, sin siquiera considerar el parecer del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).
La senadora Esperanza Martínez, del Frente Guasu, fue la encargada de confirmar la ausencia del bloque opositor, alegando que se trata de un proceso viciado desde su origen. Por su parte, el senador Eduardo Nakayama (PPQ) advirtió que los cambios no solo afectan a la oposición, sino también a los sectores disidentes dentro del Partido Colorado. “Acá vienen por todos”, sostuvo, al tiempo de insinuar que incluso algunos colorados podrían ausentarse de la sesión como señal de disconformidad.
Entre los puntos más cuestionados del proyecto se encuentra la flexibilización de los requisitos para rendir cuentas en el financiamiento político, la simplificación del proceso de apertura de cuentas y presentación de la declaración de intereses económicos (DIEV), así como un posible acortamiento del plazo para inscribir candidaturas de 180 a 90 días, aunque este último punto no está explicitado en el texto.
También se prevé establecer un corte en el padrón previo a las internas, bajo control de la Justicia Electoral, lo cual genera preocupación por su impacto en la transparencia y participación ciudadana.
Durante la conferencia de prensa ofrecida este jueves, acompañaron a Martínez y Nakayama los senadores Rubén Velázquez (Yo Creo), Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) e Ignacio Iramain (PEN), quienes manifestaron su rechazo a lo que consideran una maniobra para blindar al oficialismo de cara a las elecciones de 2026.
