En menos de 24 horas, el presidente de EE. UU., Donald Trump, convirtió un analgésico de botiquín —el paracetamol— en tema de geopolítica sanitaria. Desde la Casa Blanca desaconsejó a embarazadas usar Tylenol (acetaminofén) y vinculó ese consumo con el autismo; acto seguido, la Organización Mundial de la Salud (OMS) salió a decir que la evidencia sobre ese supuesto vínculo es “inconsistente” y que las vacunas —otro blanco de sus comentarios— no causan autismo. La escena fue tan ruidosa como reveladora: ¿quién debe hablar de salud pública en una democracia, con qué evidencia y a qué costo para la confianza social?
Trump repitió en la conferencia el mantra “no tomen Tylenol” —al menos diez veces, según el recuento periodístico— y advirtió a madres y padres que eviten el fármaco o demoren vacunas infantiles. Lo acompañaban funcionarios de salud de su administración, en una puesta en escena que confunde lo que una persona opina con lo que el Estado recomienda. El problema no es que un presidente tenga dudas; el problema es elevarlas a política pública sin el respaldo del consenso científico.
¿Qué dice hoy la mejor evidencia? Dos cosas a la vez, y eso exige precisión al comunicar:
1. Hay estudios observacionales y revisiones recientes (2025) que encuentran asociaciones entre el uso prenatal de acetaminofén y mayor diagnóstico posterior de trastornos del neurodesarrollo (autismo/ADHD). Asociación no es causalidad; los propios autores lo subrayan.
2. Un estudio poblacional masivo en Suecia (JAMA, 2024; ~2.5 millones de niños) usó análisis entre hermanos nacidos de la misma madre y no halló aumento de riesgo cuando controla por factores familiares/genéticos: el pequeño “vínculo” desaparece. Es decir, lo observado en otros trabajos probablemente se deba a confusión (quién toma paracetamol, por qué lo toma, qué otras variables hay).
Ese panorama mixto explica por qué los reguladores más serios pisan en firme: la OMS pide cautela con conclusiones categóricas; el regulador europeo (EMA) y autoridades británicas ratifican que el paracetamol puede usarse en el embarazo cuando está indicado —a la dosis mínima efectiva y el menor tiempo—; y recuerdan algo básico: tratar la fiebre en el embarazo importa, porque la fiebre no tratada sí acarrea riesgos conocidos. Simplificar el dilema a “paracetamol = autismo” desorienta a pacientes y, peor aún, puede llevar a daños por omisión de tratamiento.
También es cierto que la administración Trump anunció pasos regulatorios (como advertencias o cambios de etiqueta) y que hubo una carta de la FDA a médicos con un tono más prudente que el del presidente: reconoce que no hay vínculo causal demostrado y, “por prudencia”, sugiere minimizar el uso para molestias menores. Esa disonancia entre micrófono político y letra regulatoria es, en sí misma, el punto: cuando la comunicación presidencial corre por delante de los estándares científicos, la confianza se resiente.
¿Es inédito que un presidente opine sobre temas médicos sensibles? No. En la pandemia vimos liderazgos que recomendaron tratamientos sin evidencia o insinuaron hipótesis que la ciencia no respaldaba. Lo “nuevo” aquí es el blanco: un fármaco cotidiano para embarazadas y un colectivo históricamente estigmatizado (las personas autistas). Ese combo multiplica el daño potencial: culpa y ansiedad para madres gestantes; confusión para médicos de primera línea; combustible para movimientos que ya disputan la legitimidad de las vacunas; y volatilidad bursátil para una farmacéutica… todo por un mensaje mal calibrado.
Salud y política: quién dice qué (y cómo)
La deliberación democrática necesita que el poder político traduzca la evidencia, no que la suplante. Un presidente tiene megáfono, pero no “autoridad epistémica”: eso se construye con procesos, revisiones por pares, guías clínicas y consensos entre sociedades científicas. Cuando el discurso político adopta el “principio de precaución” sin explicitar incertidumbres y compensaciones (p. ej., riesgo de fiebre no tratada), no está siendo prudente: está siendo simplista.
Al final, lo que este episodio reclama no es un debate partidario, sino un pacto básico: que cuando la política hable de salud, lo haga con humildad científica, con transparencia sobre lo que se sabe y lo que aún no, y con el respeto de que algunas preguntas no admiten respuestas rápidas. Porque en temas de vida, crimen y esperanza, lo que se dice puede salvar o dañar —y muchas veces la diferencia está en cómo se dice, no solo en lo que se dice.
