El gobierno de Santiago Peña retoma y moderniza la histórica tradición colorada de liderar la cuestión social desde la tierra. Con más de nueve mil títulos entregados y la meta de cincuenta mil, el INDERT impulsa una transformación que convierte el conflicto rural en desarrollo. Allí donde el gobierno de Lugo sembró tragedia, como en Marina Cué, hoy se consolida la paz
Durante décadas, el problema de la tierra en Paraguay fue un espejo de nuestras desigualdades y también de nuestras esperanzas. Hoy, bajo el gobierno de Santiago Peña, ese espejo empieza a reflejar otra imagen: la de un Estado que vuelve a ejercer autoridad en el campo, que transforma el conflicto en oportunidad y que busca devolverle al campesinado no sólo la tierra, sino también la dignidad del trabajo y la pertenencia al territorio.
En poco más de dos años, el Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) ha entregado cerca de nueve mil títulos de propiedad y trazado la meta de alcanzar los cincuenta mil antes de que termine el período. Más allá de las cifras, lo que cambia es el enfoque: la tierra deja de ser un bien en disputa para convertirse en capital formal. Es la idea que Hernando de Soto planteó en El misterio del capital: los pobres no son pobres por falta de activos, sino porque esos activos no están registrados, protegidos ni integrados a la economía legal. Formalizar la propiedad es, en esa perspectiva, liberar la energía dormida del trabajo campesino.
Pero en Paraguay la tierra no es solo un problema económico; es también una cuestión histórica y moral. Desde 1947, el Partido Colorado hizo del campesinado su raíz política y social. La reforma agraria, la colonización del Este y las grandes entregas de lotes rurales forjaron la base territorial del coloradismo, con sus luces y sus sombras. Peña retoma esa tradición con un espíritu renovado: no para repetir el pasado, sino para modernizarlo. Porque el Estado que hoy entrega tierra ya no lo hace como dádiva política, sino como acto de justicia y como pieza de una estrategia de desarrollo.
En ese largo recorrido, el gobierno de Nicanor Duarte Frutos marcó un punto de inflexión. En 2004 declaró de interés social las tierras de Marina Cué, iniciando su traspaso al INDERT, y enfrentó con decisión la cuestión de Puerto Casado, promoviendo la expropiación de terrenos acaparados por grandes grupos empresariales. Aquellas medidas, aunque limitadas por su tiempo, reinstalaron la autoridad del Estado sobre el territorio y abrieron la senda institucional que hoy el gobierno de Peña profundiza desde una óptica de modernización, orientada no solo a la distribución sino a la capitalización social y productiva del campo.
El símbolo más poderoso de este cambio es Marina Cué, nombre que durante años evocó sangre, conflicto y desolación. Allí donde reinó la tragedia, la represión, el luto y la muerte —responsabilidad directa del gobierno de Fernando Lugo—, el gobierno de Peña ha instalado paz, justicia y desarrollo. El gesto no es menor: significa que el Estado recupera el control del territorio y que la ley sustituye al miedo. Es, literalmente, una política de paz social.
Sin embargo, la verdadera medida del éxito no se contará solo en hectáreas tituladas. Lo advierte Fabrizio Vázquez en su obra Evolución del mundo rural: toda entrega de tierra que no vaya acompañada de transferencia de conocimiento, servicios públicos, conectividad y una política cultural de revalorización de lo telúrico, está condenada a reproducir pobreza y frustración. El desafío de Peña, por tanto, no termina en la titulación, sino que recién empieza ahí. Deberá transformar cada parcela en un núcleo productivo, cada comunidad en un punto de arraigo y de ciudadanía plena.
Por eso, el proyecto del INDERT sólo alcanzará su plenitud cuando a la escritura de propiedad le sigan la escuela, el internet, la asistencia técnica, el crédito y la oportunidad. La paz social se cultiva como la tierra: con constancia, conocimiento y fe en el trabajo.
El gobierno de Santiago Peña ha dado el paso más difícil: recuperar la idea de que la tierra puede ser motor de progreso y no campo de batalla. La historia larga del Partido Colorado vuelve a dialogar con su presente. Como en sus orígenes, el coloradismo se redefine en su vínculo con el campesinado, pero esta vez con los instrumentos de la modernidad y la institucionalidad democrática.
Si logra completar el círculo —tierra, ley, trabajo y saber—, Paraguay habrá dado un salto histórico: del desarraigo al desarrollo, de la propiedad informal al capital productivo, de la violencia a la paz.
