Fortalecer y profesionalizar nuestras Fuerzas Armadas ya no es una consigna de museo ni un gesto de nostalgia patriótica. Es una decisión estratégica que se vuelve inevitable en un mundo donde el espejismo del “fin de las guerras” se agotó. La seguridad internacional regresó a su estado más crudo, con conflictos abiertos, tensiones regionales y un ciclo de rearmamento que está reordenando prioridades estatales. En ese escenario, Paraguay no puede darse el lujo de mirar para otro lado.
Pero el argumento más contundente no está solo afuera. Está en nuestras fronteras, en los corredores logísticos del crimen organizado y en los vacíos de control que se convierten en invitación a la captura territorial. Cuando una red criminal puede moverse con más capacidad que el Estado, lo que está en juego no es únicamente el orden público. Está en juego la soberanía real, la que se ejerce con presencia efectiva, inteligencia, movilidad y disuasión.
Este Gobierno ya empezó a asumir ese diagnóstico con decisiones que marcan un cambio de época. La compra de seis aviones A-29 Super Tucano para la Fuerza Aérea, financiada con apoyo del BNDES brasileño por unos 600 millones de reales, fue presentada como una inversión directa para reforzar la lucha contra el crimen organizado y la protección del espacio aéreo. La llegada de los primeros aparatos en junio de 2025 fue anunciada oficialmente como una inversión histórica en seguridad aérea, con una cifra total cercana a 105 millones de dólares y con entrenamiento específico de pilotos paraguayos.
En la misma línea, se avanzó en la adquisición de radares AN/TPS-78 mediante el esquema FMS de Estados Unidos, una herramienta clave para cerrar la brecha de vigilancia aérea frente a vuelos ilícitos. La propia Embajada de EE. UU. celebró públicamente la decisión paraguaya de incorporar un sistema de radar primario para apoyar a la Fuerza Aérea en la lucha contra el crimen organizado. La modernización de radares móviles israelíes y el objetivo de ampliar la cobertura del sistema también forman parte del mismo esfuerzo de reconstrucción de capacidades.
A esto se suma la cooperación estratégica con Taiwán, que en agosto de 2025 donó cuatro helicópteros UH-1H para fortalecer la Fuerza Aérea y ampliar su capacidad multipropósito, desde operaciones contra el narcotráfico hasta asistencia humanitaria y respuesta a emergencias. Estas decisiones no son gestos aislados. Encajan con un marco mayor de seguridad integral que el Consejo de Defensa Nacional presentó como hoja de ruta, con una inversión aproximada de 748 millones de dólares en programas orientados a fortalecer instituciones y capacidades del Estado frente a amenazas internas y externas.
Nada de esto elimina el problema de fondo. Lo vuelve más nítido. Paraguay necesita entender la defensa como parte de un sistema de seguridad integral que incluya control del espacio aéreo y fluvial, despliegue logístico en zonas extensas y sensibles como el Chaco, y una coordinación interagencial que no deje grietas operativas para las economías criminales. La meta debe ser presencia estatal persistente, no apariciones episódicas.
Ahora bien, ningún salto de capacidades será sostenible si no se acompaña de un salto moral e institucional. La legitimidad presupuestaria no se impone, se construye. Si las Fuerzas Armadas necesitan más recursos, deben ofrecer a la sociedad una razón visible para confiar en ese salto. Esa razón no puede ser solo el peligro externo o el miedo interno. Debe ser la evidencia de una institución moderna, profesional y sometida a reglas claras de transparencia.
Ahí empieza la parte más exigente de este debate. La historia de heroísmo patriótico que nuestras instancias castrenses deben retomar no puede quedar reducida a evocaciones ceremoniales. Ese heroísmo debe traducirse hoy en ética pública, en compras auditables, en formación continua, en ascensos por mérito y en rendición de cuentas real. El control democrático y la confianza ciudadana no debilitan a una fuerza armada, la vuelven creíble y, por tanto, más eficaz.
Paraguay debe tener cada vez más fuerza bélica porque el mundo cambió y porque el crimen organizado no espera a que los Estados resuelvan sus dudas internas. El Gobierno ya comenzó a reconstruir herramientas que el país postergó demasiado tiempo. Lo necesario ahora es profundizar esa línea con una política de Estado sostenida, capaz de combinar modernización tecnológica, profesionalización y transparencia como un mismo triángulo de legitimidad. En esta fase de la historia, robustecer nuestras Fuerzas Armadas no es un lujo. Es una condición de seguridad interna y un acto de soberanía.
