El ministro del Interior, Enrique Riera, criticó al narcotraficante Sebastián Marset por atacar a la justicia paraguaya desde la clandestinidad y por intentar imponer condiciones para entregarse. También cuestionó la entrevista concedida por Kattia González, señalando que da visibilidad a un criminal prófugo por graves delitos en la región.
El ministro del Interior, Enrique Riera, se refirió nuevamente a los intentos del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset de desacreditar a la justicia paraguaya mediante entrevistas ofrecidas desde la clandestinidad. Recordó que el criminal se encuentra prófugo desde 2022, año en que se desarrolló el operativo A Ultranza Py, y que su último paradero conocido fue Bolivia, de donde logró huir durante un procedimiento policial en 2023.
En rueda de prensa, Riera señaló que resulta lógico que Marset diga no confiar en la justicia paraguaya, pues es la única jurisdicción que lo persigue activamente, mientras se mueve por otros países sin enfrentar procesos inmediatos. Afirmó que la razón por la que no pisa territorio nacional es la vigencia de una orden de captura firme.
El ministro fue enfático al afirmar que las instituciones del Estado no aceptarán las condiciones planteadas por Marset para su eventual entrega. Recordó que el narcotraficante, investigado por su presunta participación en el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, llegó a solicitar la liberación de su esposa, Giannina García Troche, actualmente recluida en el penal militar de Viñas Cué.
Respecto a la entrevista concedida por la exsenadora Kattia González, Riera expresó su sorpresa y cuestionó la decisión de otorgar un espacio público a un criminal considerado de alta peligrosidad. Señaló que la conversación no aporta elementos para su captura y, por el contrario, contribuye a darle visibilidad como si se tratara de una figura admirable, pese al daño causado por sus actividades ilícitas.
El ministro insistió en que la única garantía que puede ofrecer el Estado paraguayo es la seguridad del procesado en caso de que se someta a la justicia, pero remarcó que ello no incluye aceptar negociaciones incompatibles con el marco legal y el funcionamiento institucional del país.
