El presidente de la República, Santiago Peña, promulgó la ley de reforma del transporte público estableciendo un nuevo marco que fortalece la rectoría estatal, declara el servicio como imprescindible e introduce la integración tarifaria para reducir costos a los pasajeros.
El presidente Santiago Peña promulgó este miércoles la ley de reforma del transporte público, en un acto realizado con la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, y el viceministro de Transporte, Emiliano R. Fernández. La nueva normativa redefine la planificación, organización y fiscalización del sistema de transporte público terrestre de pasajeros, con el objetivo de priorizar la calidad del servicio y el bienestar de los usuarios.
La ley actualiza el marco legal vigente y fortalece la rectoría del Estado sobre el sistema, en respuesta al crecimiento urbano y a las demandas acumuladas de la ciudadanía. Por primera vez, el transporte público es declarado un servicio imprescindible, lo que implica la obligación de garantizar su continuidad y funcionamiento regular.
Uno de los ejes centrales de la reforma es la integración tarifaria mediante el uso del billetaje electrónico. Con este esquema, los pasajeros abonarán un primer pasaje y podrán realizar un segundo tramo sin costo adicional, mientras que un tercer viaje tendrá una tarifa reducida o será gratuito. Esta medida apunta a generar ahorros directos para los usuarios que utilizan más de una línea por día y a promover un sistema de transporte articulado y eficiente.
La normativa también habilita la reorganización del sistema en nuevas áreas metropolitanas, definidas a partir de criterios técnicos, de movilidad y de desarrollo urbano. Esta planificación busca adecuar el transporte público a las realidades económicas y sociales de las distintas regiones del país.
En el plano operativo, la ley introduce el concepto de Unidades Funcionales, que ordenarán el servicio en corredores troncales. Cada unidad contará con un plan único que definirá rutas, frecuencias, flota y estándares de calidad, con el fin de aportar previsibilidad, control y mayor eficiencia al sistema.
Con la promulgación de esta ley, el Gobierno del Paraguay consolida una reforma estructural del transporte público, orientada a mejorar la movilidad urbana, reducir los costos para los usuarios y elevar la calidad de vida de miles de paraguayos que dependen diariamente del servicio.
