La recaudación de la DNIT cerró 2025 con un aumento interanual de 8,5%, impulsada por impuestos internos y tributos aduaneros. El dato habilita una discusión menos ideológica y más técnica: cuánto puede mejorar el Estado su capacidad real de financiamiento sin subir alícuotas ni crear nuevos tributos, a partir de productividad institucional, trazabilidad y control inteligente del incumplimiento.
El cierre de 2025 deja una señal fiscal que conviene leer sin triunfalismos, pero también sin mezquindad. La DNIT recaudó ₲ 42.253.801 millones (US$ 6.428 millones), un 8,5% más que en 2024. La expansión combinó desempeño de impuestos internos y de aduanas, con tracción de sectores vinculados a consumo y actividad. El mensaje es doble: la economía se mueve, y la administración tributaria está capturando mejor parte de ese movimiento.
El punto de fondo no es la cifra aislada, sino el campo de maniobra que abre. Paraguay viene de una presión tributaria en torno al 11,4% del PIB y se plantea como horizonte alcanzar el 12% hacia 2029. Ese trayecto no exige, necesariamente, una discusión inmediata sobre nuevas cargas o mayores tasas; exige, antes, una discusión sobre desempeño del Estado: cuánto se puede ganar reduciendo la brecha entre lo que corresponde pagar bajo la normativa vigente y lo que efectivamente ingresa. Esa brecha no es un concepto abstracto: es evasión, subdeclaración, contrabando, informalidad dura y también zonas grises que prosperan cuando el sistema es lento, fragmentado o fácilmente eludible.
Aquí aparece un principio rector, a saber, comprender que la eficiencia recaudatoria no es hostigamiento; es productividad institucional. Significa concentrar recursos donde hay mayor riesgo y mayor retorno, automatizar controles para que el cumplimiento sea la opción más simple, y elevar la probabilidad de detección allí donde se verifican patrones consistentes de incumplimiento.
En términos operativos, el instrumento más potente es la trazabilidad, porque reduce discrecionalidad y vuelve verificables las transacciones. Por eso la masificación del SIFEN no debe leerse como “modernización” en abstracto, sino como infraestructura fiscal. La exigencia de facturación electrónica a proveedores del Estado refuerza una idea clave: cuando el Estado paga, el rastro debe ser completo, no solo para recaudar, sino para ordenar mercados.
El impacto de cerrar brechas de cumplimiento se expresa en tres planos. En el fiscal, fortalece ingresos permanentes y contribuye a la consolidación de las cuentas públicas. En el económico, corrige una distorsión silenciosa: la evasión funciona como ventaja competitiva ilegítima, castiga al que cumple y deprime productividad del sector formal. En el político, habilita financiar prioridades sin improvisación y sin trasladar costos a quienes ya están dentro del sistema, elevando la legitimidad del esfuerzo estatal.
Así, el debate que deja abierto 2025 debería desplazarse hacia una pregunta más exigente: si el Estado paraguayo es capaz de mejorar su rendimiento sin alterar las reglas sustantivas del sistema tributario. La evidencia reciente sugiere que sí, siempre que la estrategia combine tecnología, inteligencia fiscal y constancia institucional.
