Un joven iraní de 26 años, identificado como Erfan Soltani, enfrenta una ejecución programada para este miércoles que, de concretarse, sería la primera ejecución judicial de un manifestante, en un contexto donde ya se registran numerosas muertes durante la represión.
Soltani fue arrestado el 8 de enero en Fardis, en el área metropolitana de Karaj, tras participar en manifestaciones contra el gobierno. Derechos humanos y medios internacionales reportan que fue sometido a un procedimiento judicial acelerado, descrito por organizaciones como “sumarísimo”, en el que fue acusado de moharebeh, término legal que se traduce como “librar guerra contra Dios” y que en Irán puede conllevar la pena de muerte.
Organizaciones como la Hengaw Organisation for Human Rights han detallado que Soltani no tuvo acceso adecuado a defensa legal y la familia fue informada de la sentencia con poco tiempo de antelación. Testimonios citados en medios indican que solo se le permitió una breve visita familiar antes de la ejecución prevista.
El caso se da en medio de una fuerte represión estatal que, según grupos de derechos humanos, ha dejado miles de arrestados y varios manifestantes muertos desde que las protestas comenzaron a fines de 2025, convirtiéndose en una de las mayores crisis internas del régimen desde la revolución de 1979.
La posible ejecución de Soltani ha generado condenas y amenazas de repercusiones por parte de actores internacionales. Medios informan que el expresidente de Estados Unidos Donald Trump advirtió a Irán sobre “medidas muy fuertes” si se procede con las ejecuciones de manifestantes, aunque no se han detallado acciones específicas.
Grupos de derechos humanos han calificado la pena como una violación de los derechos básicos y de garantías procesales, y han instado a la comunidad internacional a intervenir para detener la ejecución y exigir procesos judiciales justos para todos los detenidos por su participación en protestas pacíficas o políticas.
