La ANEAES volvió a poner sobre la mesa, con datos y lectura sistémica, una verdad que el país conoce pero no siempre asume en sus consecuencias: si Paraguay quiere sostener su diversificación productiva y su modernización estatal, la calidad de la formación en ingenierías no puede quedar librada a inercias institucionales ni a la simple expansión de la oferta.
Paraguay se apoya en pilares que, en el siglo XXI, ya no funcionan solo con “ventajas naturales”. La producción agropecuaria exige innovación, mecanización, gestión de suelos, agua y biotecnología; la energía requiere confiabilidad en generación, transmisión y distribución; la logística regional demanda infraestructura y trazabilidad; la obra pública necesita seguridad estructural y planificación; y la economía digital —incluido el Estado— pide ingeniería informática capaz de diseñar sistemas, proteger datos y modernizar servicios. En ese tejido, la ingeniería no es una disciplina “técnica”: es la interfaz que traduce ciencia en soluciones concretas para el territorio y la economía. Esa centralidad está planteada de manera directa cuando se sostiene que la presencia del ingeniero es decisiva allí donde se construye infraestructura, se moviliza producción, se procesa información, se genera energía, se transforma materia prima o se gestiona el territorio.
Si ese es el papel histórico de las ingenierías, el dato duro que hoy se vuelve inevitable es la brecha entre expansión y consolidación de la calidad. El sistema cuenta con 291 carreras habilitadas y 65 acreditadas, con una tasa de acreditación de 18,3%. En términos de desarrollo, la cifra no describe un “déficit administrativo”, sino un problema de capacidades: la oferta creció con fuerza, pero la demostración de calidad bajo estándares rigurosos avanza más lentamente. En un campo donde los egresados impactan en seguridad, productividad, ambiente, eficiencia energética y transformación digital, ese desfasaje no es neutro.
También aparece con claridad un punto que conviene leer como activo estratégico del país: la educación superior pública muestra una fortaleza marcada en esta área. Aunque la mayor parte de la oferta habilitada se concentra en el sector privado, la acreditación se apoya mayoritariamente en instituciones públicas, que reúnen 55 de las 65 carreras acreditadas. Esa relación no debería alimentar lecturas simplistas, sino abrir una conversación seria sobre capacidades instaladas: cultura de autoevaluación, planta docente, infraestructura técnica, evidencia de mejora y condiciones institucionales para sostener estándares. Allí donde esas capacidades existen, el proceso de calidad se vuelve posible y replicable.
La urgencia, entonces, no es “acreditar por acreditar”. La urgencia es acortar la distancia entre habilitación y calidad demostrable con un impulso que combine exigencia y apoyo inteligente. La habilitación fija un umbral; la acreditación exige demostrar resultados y condiciones formativas robustas, con criterios que abarcan desde la organización académica hasta la infraestructura y la consistencia del proceso educativo. Por eso, si el país pretende multiplicar ingenieros para acompañar su diversificación, tiene que asumir que la ruta real pasa por fortalecer instituciones: sostener inversión en laboratorios, consolidar equipos docentes, ordenar la gestión académica, mejorar la trazabilidad de evidencias, y convertir la autoevaluación en práctica estable, no en reacción episódica.
A esta tensión se suma otra, igual de estratégica: la concentración territorial de la calidad. La mayor parte de las carreras acreditadas se agrupa en Central y Asunción, con polos relevantes en el interior.
En un país con desafíos de infraestructura, conectividad, servicios y productividad fuera del eje metropolitano, esa geografía de la formación plantea una pregunta de política pública: cómo asegurar que las capacidades ingenieriles —y especialmente las de calidad— no queden confinadas a un corredor, sino que acompañen necesidades del territorio y oportunidades para jóvenes que no deberían pagar con desarraigo la falta de oferta sólida en su región.
En este escenario, el camino no es resignarse a que la acreditación sea un patrimonio de pocos, ni aceptar que la multiplicación de carreras baste por sí misma. El camino es asumir que las ingenierías son un componente estructural del capital humano que Paraguay necesita para sostener crecimiento, agregar valor, modernizar su Estado y competir en una región donde la confianza en las credenciales importa tanto como la infraestructura física. Y eso implica una decisión: no relajar la vara, pero sí empujar el sistema para que más instituciones puedan alcanzarla, con apoyo, cooperación, incentivos correctos y una orientación nítida hacia la calidad como condición del desarrollo sostenible.
