El Ministerio de Economía y Finanzas sostiene que el proyecto de reforma del sistema de jubilaciones del sector público apunta a reducir el gasto futuro del Estado, ordenar criterios de cálculo y garantizar sostenibilidad, incorporando un esquema de corresponsabilidad sin retroactividad.
El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) afirmó que el proyecto de ley “Que establece medidas para la reforma del Sistema de Jubilaciones y Pensiones del Sector Público” tiene como objetivo central fortalecer la sostenibilidad de la Caja Fiscal mediante un esquema de corresponsabilidad entre el Estado, como empleador, y los aportantes.
Desde la cartera económica recordaron que históricamente el Estado ha financiado el déficit de determinados sectores, en especial de las fuerzas públicas, además de cubrir gastos de salud de funcionarios en actividad y otorgar bonificaciones anuales a jubilados. En ese marco, aclararon que si bien el Estado seguirá cubriendo déficits específicos, la incorporación de un aporte del 3 % y los ajustes en edad, años de aporte y tasas de sustitución permitirán que el gasto proyectado sea menor que en un escenario sin reforma.
El proyecto también propone unificar y ordenar los criterios de cálculo de los haberes jubilatorios, adoptando como base general el promedio de las remuneraciones percibidas en los últimos cinco años, en línea con el régimen vigente en la Administración Pública. Asimismo, se establece un mecanismo uniforme de actualización anual de jubilaciones y pensiones, vinculado a la variación del salario mínimo legal, criterio que ya rige para las fuerzas públicas.
Según el MEF, esta metodología busca garantizar igualdad de trato entre jubilados y personal en actividad, preservar el poder adquisitivo de las prestaciones y asegurar la sostenibilidad del gasto público, en concordancia con la Ley de Responsabilidad Fiscal.
En cuanto a la seguridad jurídica, el proyecto contempla un régimen de transición que respeta plenamente los derechos adquiridos. De esta manera, quienes al momento de la promulgación de la ley ya hayan cumplido los requisitos para jubilarse o retirarse podrán regirse por la normativa vigente, sin quedar alcanzados por las nuevas disposiciones. El texto aclara que los derechos consolidados forman parte del patrimonio de los beneficiarios y no pueden ser modificados por leyes posteriores.
El nuevo marco normativo, subraya el Ejecutivo, regirá únicamente para futuros servidores públicos y para aquellos que aún no hayan configurado su derecho a la jubilación, permitiendo una transición gradual y sin efectos retroactivos.
Finalmente, el MEF destacó que la elaboración del proyecto incluyó un proceso de diálogo con representantes de la Administración Pública, personal de blanco, magisterio nacional, docentes universitarios, magistrados judiciales, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y una comisión especial de la Cámara de Diputados. En esos espacios se presentó el diagnóstico actuarial de la Caja Fiscal y se recogieron aportes de los distintos sectores, que fueron considerados como insumos para la formulación de la propuesta legislativa.
