El PLRA, que buscó destruir la autonomía de la ANEAES, pide hoy la renuncia de su titular, José Duarte Penayo. El motivo no es la venta de acreditaciones, la manipulación procesos de evaluación, o la malversación de fondos, tampoco el encubrimiento de irregularidades, el ataque a su institucionalidad. El motivo es por haber hecho un análisis histórico, por comparar períodos políticos y expresar una interpretación.
Y no sorprende, porque la única relación real del PLRA con la ANEAES se remonta al momento en que intentó destruirla, desde el año 2011. Ese episodio constituye uno de los capítulos más negros de la educación superior paraguaya: desde el poder, el liberalismo buscó asfixiar a la Agencia, paralizar su funcionamiento y empujarla al borde del cierre.
Durante el gobierno de Fernando Lugo, Ministerio de Educación y Cultura, bajo conducción el PLRA protagonizó el episodio más grave de hostigamiento contra la ANEAES desde su creación. El conflicto se inicia con el intento de destituir por decreto al entonces presidente de la Agencia, Héctor Rojas, violando de manera abierta las disposiciones de la Ley 2072, que establece que la elección y eventual remoción de autoridades es competencia del Consejo Directivo, no del ministro de turno.
Sin embargo, la ofensiva no se limitó al hostigamiento coyuntural. Formó parte de un proyecto político más amplio, desplegado en paralelo a la discusión de la futura Ley de Educación Superior.
El objetivo de fondo era claro: vaciar de autonomía a la ANEAES y convertirla en una dependencia del Viceministerio de Educación Superior, entonces a cargo de Francisco Giménez, figura conocida por su rol de lobbista de universidades privadas de garajes. No se trató solo de una maniobra política circunstancial. Detrás existía un entramado deliberado orientado a subordinar el aseguramiento de la calidad a la lógica del poder, la recaudación y los intereses corporativos, destruyendo toda fortaleza técnica de la institución y neutralizando su capacidad de control real.
Un recuento contundente de estos hechos se encuentra en el artículo de Carlos Fletschner, figura gravitante y central en la creación de la ANEAES, publicado por el diario ABC Color en fecha 18 de junio de 2012, donde se detalla que la conducción liberal del mes recortó de «un plumazo 1000 millones de guaraníes» y «descomisionó a todos los funcionarios del MEC» que se desempeñaban en la Agencia.
El Decreto N.º 8222, firmado el 30 de diciembre de 2011, no fue un error administrativo ni una diferencia interpretativa. Fue un acto político deliberado para desconocer una presidencia legítima y reordenar la Agencia por vía ejecutiva. Cuando ese atropello no logró consolidarse, la conducción liberal del MEC pasó a una fase todavía más grave.
Al no poder remover a la ANEAES por la vía legal, se optó por destruirla materialmente. Se retiró al personal técnico comisionado, se bloquearon recursos presupuestarios y se dejó a la institución sin capacidad operativa mínima. La ANEAES no fue solo cuestionada: fue paralizada. Se interrumpieron evaluaciones, se congelaron procesos de acreditación y decenas de carreras quedaron sin resolución. El sistema de aseguramiento de la calidad fue llevado, por decisión política, a una situación crítica.
Lejos de retroceder, la ofensiva continuó con un segundo intento de desplazamiento mediante el Decreto N.º 8853, del 7 de mayo de 2012, que buscó completar la exclusión de Rojas del Consejo Directivo. Recién la Corte Suprema de Justicia, al suspender los efectos de ambos decretos mediante una medida cautelar, puso un límite a una deriva que ya se había transformado en una intervención de facto. De modo efectivo, La ANEAES restableció su funcionamiento normal únicamente luego de la caída del gobierno de Fernando Lugo.
Las declaraciones del actual presidente de la ANEAES pueden discutirse. Eso forma parte del debate democrático. Pero convertir una controversia historiográfica en un pedido de renuncia, y hacerlo desde un partido que intentó cerrar de hecho la institución, es una muestra de cinismo político difícil de disimular, además de una expresión de profunda intolerancia, un valor presuntamente ajeno a la historia doctrinaria del liberalismo.
El PLRA debería, además, asumir una realidad que parece no haber registrado: la ANEAES que intentó destruir en el pasado ya no existe. La Agencia de hoy es una institución consolidada, con autonomía técnica y financiera efectiva, autosustentable y con ingresos genuinos que le garantizan independencia operativa. Puede, si fuera necesario, prescindir sin dificultad de los comisionamientos del MEC y de cualquier apoyo material proveniente del ministerio, sin que ello afecte el cumplimiento de sus funciones. Aquella etapa de vulnerabilidad, que el liberalismo supo explotar para asfixiarla, quedó atrás. Hoy la ANEAES es una institución madura, fortalecida y mucho menos tolerante a los intentos de subordinación política.
Si el PLRA quiere participar seriamente de la discusión pública, el primer paso no es exigir cabezas ajenas, sino hacerse cargo de su historia oscura y nefasta respecto de la ANEAES. Una historia marcada por decretos ilegales, asfixia presupuestaria y paralización institucional, que dejó a la educación superior sin evaluador y sin resguardo.
Quien solo conoció a la ANEAES como algo a destruir no puede hoy presentarse como su custodio. Y quien fue responsable del momento más dañino del sistema de calidad no tiene autoridad para dictar sanciones morales. El país ya pagó el costo de ese experimento. No debería volver a tolerarlo.
