El oficialismo argentino anunció que modificará el proyecto de reforma laboral para garantizar el pago del 100 % del salario en casos de enfermedades severas, tras las críticas al artículo que reducía los ingresos durante licencias médicas prolongadas.
El Gobierno de Argentina decidió introducir cambios en el régimen de licencias médicas contemplado en el proyecto de reforma laboral, luego de las críticas generadas por un artículo que preveía recortes salariales para trabajadores que se ausenten por enfermedad.
Desde el oficialismo se informó que el texto será modificado para asegurar el pago íntegro del salario en casos de enfermedades severas, degenerativas o irrecuperables, siempre que las situaciones estén debidamente verificadas. La corrección apunta a descomprimir el rechazo social y sindical que generó la iniciativa tras su aprobación en el Senado.
El proyecto, que aún debe ser tratado por la Cámara de Diputados, establecía que los trabajadores que padezcan enfermedades vinculadas a actividades recreativas ajenas al trabajo perciban solo el 50 % del salario cuando la licencia supere los tres meses, y el 75 % en casos de afecciones involuntarias.
El oficialismo sostiene que la reforma busca combatir el uso abusivo de certificados médicos, fenómeno al que atribuye una porción significativa del ausentismo laboral. En ese marco, el proyecto prevé la creación de juntas médicas integradas por profesionales de hospitales públicos o establecimientos privados de reconocida trayectoria, encargadas de certificar las licencias prolongadas.
Desde el Gobierno argumentan que el objetivo no es afectar a trabajadores con problemas de salud reales, sino desarticular prácticas irregulares que, según afirman, se concentran especialmente en licencias psiquiátricas sin respaldo clínico sólido.
Actualmente, la legislación laboral argentina permite al trabajador conservar su puesto durante un año en caso de enfermedad y establece que, transcurridos dos años, corresponde la indemnización prevista por ley. La reforma laboral impulsada por el Ejecutivo introduce modificaciones profundas a ese esquema, en un contexto de fuerte debate político y social.
El Gobierno busca que el proyecto sea sancionado antes del inicio del período ordinario del Congreso, previsto para el 1 de marzo, cuando el presidente ofrecerá su mensaje anual ante la Asamblea Legislativa.
