La Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior cuestionó la Resolución N° 2/2026 del Consejo Nacional de Educación Superior, que establece un sistema de habilitación de carreras de medicina. La ANEAES sostiene que la norma invade atribuciones que la ley le asigna exclusivamente a ella y advierte que defenderá su autonomía en todas las instancias correspondientes.
La ANEAES emitió este jueves un comunicado oficial en el que expresa su «profunda preocupación institucional» por la Resolución N° 2/2026 del CONES, que crea un sistema de habilitación provisoria para carreras de medicina. La agencia no cuestiona las carreras habilitadas en sí, sino el procedimiento: sostiene que la resolución incorpora conceptos, metodologías e instrumentos propios de la evaluación de la calidad educativa, área que la Ley N° 2072/2003 le reserva de manera exclusiva.
El comunicado califica la situación como una «omisión y potencial apropiación de funciones» que debilita el marco normativo vigente y genera ambigüedad en la delimitación de competencias dentro del sistema de educación superior. En concreto, la ANEAES advierte que términos como «control de calidad», «seguimiento», «verificación técnica» y «mejora continua» — usados en la resolución del CONES — son atribuciones legalmente asignadas a ella y no corresponden a procesos de habilitación.
El conflicto tiene también una dimensión internacional. La agencia señala que su exclusión tácita de este proceso expone al país a un riesgo reputacional en el marco de organismos regionales como la Red de Agencias Nacionales de Acreditación (RANA), que administra el sistema ARCU-SUR. Paraguay ejerce actualmente la presidencia pro-témpore de ese espacio, lo que hace aún más sensible cualquier señal de debilitamiento institucional interno.
La ANEAES también advirtió que la habilitación de carreras en estas condiciones podría generar hechos consumados que limiten su capacidad de intervención posterior, y que el esquema duplica funciones y crea una carga burocrática que contradice la racionalización del gasto público impulsada por el Gobierno. El comunicado cierra con una advertencia explícita: la agencia defenderá su autonomía e independencia con todos los mecanismos legales a su alcance.
