Guachiré «descubrió» hoy que las binacionales pagan altos salarios, pero en el pasado puso como planillera de Yacyreta a su ex abogada Paola Villalba Pomata. No sólo habría robado al Estado, sino que le hacía pagar al propio Estado su defensa por los delitos de los que se le acusa.
El imputado por lesión de confianza y producción de documentos falsos en el denominado caso de los «coquitos de oro», Alfredo Guachiré, viene -supuestamente- llevando adelante una intensa campaña contra los salarios que se pagan en la Entidad Binacional Yacyreta (EBY).
En este sentido, el ex jefe de contrataciones de la SEN durante la gestión de Camilo Soares, busca confundir a la ciudadanía mostrando los salarios extraordinarios de diciembre (donde se consignan aguinaldo y otros beneficios) haciéndolos pasar como sueldos básicos.
El objetivo del autodenominado «cyberactivista», Alfredo Guachiré, sería (según sus propias palabras) «luchar contra la mala utilización de los recursos de la EBY».
Sin embargo, lo que Guachiré olvida mencionar es que él mismo había ubicado de planillera en Yacyreta a su abogada Paola Villalba Pomata. Villalba se «desempeñó» como asesora jurídica del Consejo de la EBY pero, según denunció el Sindicato de Trabajadores de Yacyreta, su único mérito era ser abogada de Guachiré.
Es decir que se utilizaban recursos de la hidroeléctrica para financiar los siderales honorarios de una abogada que debía defender a una persona acusada de malversar fondos y robar el dinero destinado a víveres y alimentos para personas de extrema pobreza.
Ya el 28 de julio de 2012 se publicó en ABC Color la protesta del Sindicato del Personal de la Entidad Binacional Yacyreta, cuestionando el intento de nombramiento de Paola Villalba, defensora de Guachiré. En un comunicado afirmaban que nunca la vieron por la binacional.
Gracias a estas acciones, el entonces Director Lic. Enrique Cáceres Rojas, decidió no nombrarla pero mantenerla como contratada, puesto en el que duró dos años, teniendo como dedicación exclusiva la defensa de Guachiré.
La historia negra de Guachiré llega al punto de que no sólo robaba fondos del Estado paraguayo destinados a la lucha contra la pobreza, sino que le hacía pagar al mismo Estado la defensa de sus delitos.
Hoy Guachiré se encuentra en una campaña que pretende frenar la implementación de normativas que regulen horas extras, honorarios y otros privilegios. Para tal propósito recurre a la difamación y a la calumnia, situación que ya ha llevado a varios afectados a entablar querellas criminales contra su persona.
De esta manera, la ya complicada situación judicial de Guachiré -quien tendrá que enfrentar un juicio oral que inicia el próximo 2 de marzo, luego de más de 10 años de chicanas- se complicaría aún más.
