En la Asociación Rural del Paraguay (ARP) se cuestiona duramente el papel desempeñado por José Antonio Moreno Ruffinelli quien, además de intrascendente escritor, fue el abogado que llevó a cabo la operación del Grupo Minerva para la adquisición de los grandes frigoríficos, formando un oligopsonio en manos de capitales extranjeros. Como premio a la exitosa fusión, Moreno habría recibido un puesto en el consejo directivo de una de las subsidiarias del grupo empresarial brasileño (en las memorias de la sociedad figura como vicepresidente de Beef). De más está decir que el operativo fue posible mediante las redes residuales de poder y contacto con el Estado.
Que Moreno Ruffinelli sea actualmente presidente de la Comisión de Asuntos Legales de la Asociación Rural del Paraguay es una muestra clara de que dicho gremio no representa a sus asociados, sino únicamente a las rentas exorbitantes de los grandes frigoríficos extranjeros. Mientras miles de productores enfrentan problemas en sus cadenas de pagos, se encuentran sobreendeudados y sufren los precios arbitrarios, el director jurídico de la Rural se dedica a operar contra los intereses de los que verdaderamente trabajan día y noche en el campo.
Las andanzas de quien fuera canciller de González Macchi -el mismo Moreno Ruffinelli- no terminan ahí. Como presidente la Comisión de Asuntos Legales de la Rural, deshizo un dictamen de la comisión de asuntos jurídicos, con el fin de favorecer a una de las candidaturas internas de la Rural. Para tal propósito recurrió a los servicios especializados del «jurisconsulto» Ljubetic, a efectos de que, en carácter de «árbitro externo», permita la postulación de personas inhabilitadas. Esto ocasionó la renuncia de los demás miembros de la comisión, quienes se vieron indignados por la manera de actuar de Moreno Ruffinelli.
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Los grandes «formadores de opinión» felicitaron a la Corte Suprema por fallar a favor de la publicación de declaraciones juradas de funcionarios públicos. «Una primavera de la transparencia«, afirmaron exultantes, como si estuviéramos en los albores de la toma de la Bastilla, mientras Adebayor era indiscutida tendencia en Twitter. Más allá de eso, estos analistas de cotillón siguen guardando un silencio cómplice con la suspensión de la ley 6355 que obliga también a los proveedores del Estado a presentar declaraciones juradas de bienes y rentas.
La complicidad de los abanderados de transparencia con la llamada «patria contratista» no es un tema anecdótico. Las compras púbicas son el verdadero foco de la corrupción en Estado paraguayo: el lugar en donde se han formado las grandes fortunas, de la noche a la mañana. Los grandes proveedores forman parte de una perversa trama público-privada que también debe rendir cuentas, mostrando la trazabilidad de sus ingresos, el pago de sus impuestos y la correspondencia de sus haberes.
El egresado apócrifo de Harvard, Benjamín Fernández Bogado, se pasó el día de ayer autoproclámandose el artífice de la liberación de las declaraciones juradas de los funcionarios públicos. Su ego no le permite ver que lo obtenido es un logro ciudadano y no el resultado de sus programas radiales fantasmas. Se olvida, además, de las denuncias que pesan en su contra, de parte de miles de estudiantes estafados, por supuesto planillerismo en la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA).
