El luguismo reaccionó contra un documento técnico de la EBY a través de un comunicado lleno de mentiras: en este artículo enumeramos las tergiversaciones con las que buscan llevar adelante una campaña de desinformación.
La campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” dio a conocer un documento en el que se afirma erróneamente que el Gobierno, por medio de la Entidad Nacional Yacyretá (EBY), defiende la confiscación de la energía paraguaya de Itaipú.
La tergiversación y la mentira de dicha campaña comienza con la mencionada afirmación, omitiendo que la EBY presentó al Ejecutivo un documento (denominado “Revisión del Anexo C de Itaipú 2023. Conceptos, análisis y acciones”), cuyo único objetivo fue el de realizar “una contribución al debate que se está desarrollando en el país sobre la revisión del Anexo C”, tal como puede fácilmente corroborarse en varias publicaciones periodísticas del 2 de febrero. Por lo tanto, denominarlo “el documento que emite el Gobierno de Abdo Benítez”, tal como se ha hecho, es un acto de mala fe que no contribuye al debate público sobre un tema de interés nacional.
En realidad, fueron los técnicos de la EBY quienes pusieron a consideración tanto del Gobierno como de toda la ciudadanía, ideas y elementos que se podrán tomar en cuenta o no cuando oportunamente se desarrollen las discusiones.
La tergiversación de la campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” continúa con la crítica central que dirige contra el texto “Revisión del Anexo C de Itaipú 2023. Conceptos, análisis y acciones”, pues afirman, en lo que constituye su segunda mentira, que, supuestamente, la EBY defiende interpretaciones jurídicas del Tratado de Itaipú contrarias al interés de Paraguay. Estas acusaciones rimbombantes solo tienen como objetivo ocultar el fracaso del gobierno de Fernando Lugo respecto a la resolución del conflicto que existe entre las nociones de “derecho de preferencia” y “derecho de adquisición”.
En este sentido, la campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” menciona como ya vigente al Acta de Yguazú, la cual contiene el “derecho de preferencia” de adquisición de energía, mientras que el Tratado final de Itaipú habla sobre el “derecho de adquisición”. Como se puede ver, entre ambas nociones la controversia permanece y, efectivamente, da lugar a una disputa interpretativa que continúa sin definirse.
Es cierto que el Acta Final firmada en Foz do Iguazú es referida en el preámbulo del Tratado de Itaipú y, a la luz de la Convención de Viena, esto debe ser tenido en cuenta a la hora de determinar el contexto en el que deben ser interpretados los tratados. Ahora bien, el comunicado aún sigue sin resolver problema, pues no explica el razonamiento mediante el cual llega a entender cómo una noción prevalece sobre la otra. Es decir, si bien el Acta de Yguazú puede constituir parte de los elementos que deben ser tenidos en cuenta en el contexto interpretativo, no explican por qué ello basta para sostener su posición.
No obstante, el relato luguista -en una de las tantas falsificaciones que hace de la historia reciente de nuestro país- busca instalar que dicha controversia sí fue resuelta durante el gobierno del exobispo. Efectivamente, Lugo hizo un intento por terminar con la disputa interpretativa, a través del famoso acuerdo “Lula – Lugo”, pero éste terminó siendo letra muerta, dado que no se generó ninguna nota reversal aprobada por los congresos de Paraguay y de Brasil que cierre definitivamente la controversia. No hay que olvidar que las disputas interpretativas se resuelven mediante algún pronunciamiento autoritativo sobre la materia, y es esto lo que distingue al derecho vigente de una conversación jurídica.
Por otra parte, si el Tratado Final de Itaipú ya supone la primacía del derecho de preferencia sobre el de adquisición, ¿por qué Lula y Lugo firmaron un acuerdo aparte para sostener esto? Es una pregunta que la precariedad intelectual del luguismo se niega a responder y, en su lugar, elige la difamación.
Así, atacando el documento que la EBY propuso como insumo para la discusión, la campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” pretende hacer olvidar el mayor fracaso del gobierno de Lugo en materia energética: no haber podido institucionalizar sus avances en un proceso de conquistas que empezó en el año 2003, durante un gobierno colorado, con el acceso a la energía preferencial y la eliminación del factor de ajuste de la deuda de Itaipú.
La tercera mentira contenida en el falaz texto del luguismo tiene que ver con la actual gestión energética de la EBY, liderada por su director paraguayo, Nicanor Duarte Frutos: los integrantes de la campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” desconocen en su comunicado que la Dirección paraguaya de la EBY ha elevado hasta la Cancillería Nacional notas reclamando por la exportación por parte de la Argentina al Brasil -vía Garabi- de energía que se considera paraguaya, siendo ésta una situación que ocurre desde hace mucho tiempo, incluso en épocas del gobierno de Lugo. Así, la actual conducción paraguaya, procedentemente, ha protestado ante la Cancillería en reiteradas notas oficiales, de las que se hicieron eco los medios de prensa. Ahora, queda definir la situación como diferendo entre las Altas Partes Contratantes.
Finalmente, queda por señalar lo evidente: el documento presentado por la campaña “Itaipú 2023 Causa Nacional” no busca intervenir en el debate público, a través de argumentos y fomentando la discusión entre diferentes actores y perspectivas de gran relevancia para el destino de nuestro país. Por el contrario, el luguismo utiliza la tergiversación con afanes proselitistas y con el propósito de golpear políticamente al Gobierno nacional.
