No se puede tolerar más que empresarios del transporte maltraten, humillen y usen como moneda de cambio a los ciudadanos de Asunción y el área metropolitana para chantajear y extorsionar el Estado, tal como vienen haciéndolo en estos últimos días.
La decisión de dar de baja el paro que se había anunciado para exigir la suba del pasaje en plena crisis económica derivó en un incumplimiento deliberado de las frecuencias de los itinerarios. Como todos saben, esto tiene como única finalidad agolpar en las paradas a los ciudadanos que deben movilizarse hacia sus lugares de trabajo y, de esta manera, poner a la opinión pública en contra del Gobierno.
Así, con esta extorsiva medida no solo generan retrasos a la gente que debe esperar buses por largos periodos de tiempo, sino que, además, la exponen a más riesgo de contagiarse de covid-19, viajando en abarrotados colectivos que atentan contra cualquier forma de dignidad y en contra de toda recomendación sanitaria.
Este es el resultado de que un servicio fundamental, como lo es el transporte público, esté en manos privadas: su objetivo primordial -satisfacer la necesidad de desplazamiento de los ciudadanos- pasa a segundo plano, detrás del lucro de los transportistas en cuestión. Los dueños de las compañías de buses, con tal de hacerse con unos billetes más, utilizan al usuario como simple carne de cañón.
El Gobierno no puede ni debe tolerar más semejante atropello al pueblo. Debe tomar drásticas medidas en contra de estos inescrupulosos, quienes cartelizan el transporte público y dejan a la deriva a cientos de miles de personas, y como agravante, en medio de una pandemia que tiene en vilo al mundo entero.
Lo más indignante de toda esta situación es que se trata de un sector que recibe millones de dólares al año en concepto de subsidios y nunca se dignó a brindar mejorías a la gente que viaja, por necesidad, en sus buses chatarras. Estos empresarios se enriquecen con la necesidad del pueblo trabajador.
Además de las irrisorias multas, que parecen poco o nada conmover al sector del transporte, se debe avanzar hacia procedimientos que quiten los itinerarios a esas empresas como medida a corto y mediano plazo, y pensar en planes que permitan al Estado, a través de municipalidades o ministerios, explotar el servicio, tal como ocurre en otros lugares del mundo.
Esta pandemia dejó más que claro que, cuando las papas queman, es el Estado el único que tiene las herramientas para atender los problemas graves. Además, queda cada vez más en evidencia que los usuarios de servicios públicos se vuelven rehenes de los transportistas cuando surge alguna situación que hace disminuir el lucro.
Esta es una buena oportunidad para que el Gobierno ratifique su apuesta por la vida y su compromiso con el pueblo: ya no se puede tolerar que unos pocos, de mala fe, hagan pasar penurias a las mayorías con el servicio que están obligados a prestar.
Imagen de portada: ABC Color
