Llama la atención que ningún dirigente de la oposición, analista político o periodista haya rebatido los datos presentados por el gobierno. Hasta el momento, nadie se animó a decir que se tratan de estadísticas falsas o números tergiversados.
Informar de las gestiones efectuadas no significa referirse una realidad inexistente, sino detallar qué hizo el poder Ejecutivo durante un año, así como lo exige la misma Constitución en su artículo 238, numeral 8. Dado que en este plazo, tanto Paraguay como el mundo se vieron azotados por una tremenda catástrofe sanitaria, por allí comenzó el informe del presidente Abdo.
El presidente no esquivó el cuerpo a la jeringa, sin ahorrar adjetivos, habló descarnadamente de la realidad actual. De manera realista, consideró que estamos atravesando una “situación dramática”, se refirió a las “condiciones de angustia” que le toca atravesar a la población, apuntó que vivimos “un tiempo excepcionalmente trágico”, y expresó su profundo dolor y acompañamiento por las víctimas de la pandemia.
En cuanto a las cifras mencionadas por Abdo, llama la atención que ningún dirigente de la oposición, analista político o periodista haya rebatido los datos. Nadie pudo decir que se tratan de estadísticas falsas, números tergiversados o simple lirismo.
Ningún detractor del gobierno puede refutar que cuando Mario Abdo Benítez llegó al poder, en el Paraguay había apenas 274 camas de terapia intensiva; en la actualidad ya suman 764, lo cual representa un incremento de 175%. También es verdad que, con pandemia, el Paraguay invirtió recursos nunca antes vistos en la protección social de su población y que, todavía en pandemia, la economía del país fue la que menos afectada se vio en la región.
Algunos, en su afiebrada imaginación, llegan incluso a responsabilizar al presidente de las muertes ocasionadas por la pandemia del coronavirus, olvidando las vidas que se salvaron mediante la ampliación en tiempo récord de nuestro sistema nacional de salud, infraestructura que era escuálida e incapaz de aguantar un mes de esta pandemia sin cientos de miles de muertes.
Además, este tipo de acusaciones oportunistas omite las inversiones no solo en infraestructura, sino fundamentalmente también en el personal de blanco que, en medio de una realidad nunca antes vista, con sacrificio y esmero cuidó de la salud de sus compatriotas. Médicos, médicas, enfermeros y enfermeras sostenidos por el Estado.
Ningún detractor del gobierno puede demostrar que es falso que se llevan pavimentados 2.300 kilómetros de rutas durante esta gestión de casi tres años, récord que ningún gobierno anterior había alcanzado, ni siquiera la extremadamente dilatada administración de Stroessner. Tampoco nadie puede negar que estas inversiones no son solo tramos de cemento, sino que fueron verdaderas políticas anticíclicas que permitieron a miles de compatriotas llevar el pan a sus hogares.
¿Hubo algún economista que desmintiera que Paraguay fue la economía más resiliente de la región, la que menos cayó en su PIB y la que tiene las mejores perspectiva de crecimiento para este año? No, no lo hubo.
Tampoco ningún referente del progresismo paraguayo pudo refutar que este gobierno no eligió el camino del ajuste, sino que tiene una de las políticas económicas más expansivas de nuestra historia, con exoneraciones al pueblo de sus tarifas de electricidad y de agua potable, ampliación récord de las transferencias condicionadas y creación de nuevos programas como PYTYVO, inversiones en obras públicas en todo el país para sostener el empleo, créditos blandos a mypymes, reducciones del IVA a comercios, reducción de la tasa de interés del 4% a 0,75%, y muchas otras más en beneficio de la gente.
Por todo lo expuesto, llama la atención y hasta es de lamentar que los dirigentes políticos del oficialismo permanezcan callados y no salgan a defender, con la fuerza de números irrebatibles, la gestión del primer mandatario.
Nadie niega que en un régimen democrático sea legítimo el cuestionamiento sin ningún tipo de restricciones a la gestión gubernamental. Por el contrario, lo que resulta sumamente autoritario es pretender silenciar la voz de aquellos que, habiendo sido electos por el pueblo, tienen el deber y el derecho de informar, explicar y defender las gestiones efectivamente realizadas por su administración. Y menos en medio de la crisis sanitaria sin precedentes que atraviesan tanto el Paraguay como la región y el resto del mundo.
