En medio de un encendido discurso en la ciudad de Ybycui, el presidente de la República, Abdo Benítez, realizó una grave denuncia que involucra a jueces y policías con Tabesa, propiedad de Horacio Cartes.
Un mes antes de que Cartes abandone la presidencia, sus operadores judiciales lograron que el juez Silvio Rojas Ramos, de Hernandarias, emita una una resolución, ordenando a la policía nacional que proporcione protección al presidente, directivos, mercaderías y camiones de Tabesa.
En el documento de puede leer la imposición de “la vigencia del resguardo policial en carácter permanente a directivos y accionistas de la empresa Tabesa, sus mercaderías y distribuidoras”.
Esta resolución buscó garantizar la continuidad del modus operandi rutinario durante el gobierno de HC, es decir la utilización de las fuerzas públicas como servicio de seguridad en la ruta del contrabando de cigarrillos.
La denuncia, formulada por el propio presidente de la República, es uno de los tantos capítulos del uso y abuso de los recursos públicos que hizo el cartismo para apuntalar sus grandes negocios ilícitos.
