Autoridades de la Cancillería reiteraron la postura de Paraguay de levantar el cobro del peaje en un sector de la hidrovía Paraguay-Paraná administrado por Argentina, y señalaron que se busca impulsar un diálogo técnico con el vecino país.
Desde Paraguay se espera confirmación para realizar una reunión técnica con Argentina, donde se analizarán los datos que justificaron para el país vecino el cobro del peaje a partir del 1 de enero de 2023.
El viceministro de Relaciones Económicas de la Cancillería, Enrique Franco, indicó que el cobro del peaje no debe realizarse sin contraprestación de servicios. Es por ello que se buscará primero contrastar la información de Argentina sobre trabajos de dragado u otros informes.
Además de esta reunión con Argentina, se impulsará un diálogo con Brasil y Bolivia, países que conforman la Comisión de la Hidrovía, y que también se ven afectados por el peaje, informó Franco.
Este martes se desarrolló una reunión entre representantes del sector fluvial y autoridades de la Cancillería para analizar la situación.
Postura del sector privado
El presidente del Centro de Armadores Fluviales del Paraguay, Esteban dos Santos, señaló que las condiciones del Paraná en la zona donde se busca cobrar el peaje no justifican obras de dragado.
El sector se caracteriza por condiciones favorables de navegación, por lo que trabajos de dragado no representan una mejora sustancial a las condiciones favorables del río Paraná, dijo Dos Santos a la salida de la Cancillería.
Las primeras estimaciones indican un pago anual de US$ 35 a 40 millones para las más de 2.700 embarcaciones que utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná, agregó.
Desde el 1 de enero de 2023 entró a regir el cobro del peaje para las embarcaciones que transiten por el tramo del Río Paraná entre el puerto de Santa Fe y su confluencia con el Río Paraguay (km 584 al km 1.238).
El peaje es de US$ 1,47 por tonelada de registro de neto de la embarcación. El presidente del Centro de Armadores señaló que otro punto cuestionado es que las embarcaciones argentinas pagarán un peaje de 1,47 pesos argentinos, lo que representa una discriminación para los demás países que comparten la vía fluvial.
