El Ejecutivo remitió al Congreso la iniciativa mediante la cual plantea establecer principios y reglas sobre la organización administrativa del Estado, para uniformar criterios que permitan una administración más eficiente.
El proyecto de ley, elaborado por el Ministerio de Hacienda, se enmarca en una serie de propuestas legislativas impulsadas por el Gobierno Nacional, en el marco de la transformación del Estado, con el objetivo de lograr el uso eficiente de los recursos públicos y mejorar la entrega de los servicios a la ciudadanía, entre los que se destacan el “De la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil”, así como la ya promulgada Ley N.° 7021/2022 “De Suministro y Contrataciones Públicas”.
La propuesta incorpora reglas claras y herramientas que permiten el fortalecimiento de la prestación de servicios misionales y una optimización de los ámbitos financieros y de apoyo operativo de las instituciones, informó el Ministerio de Hacienda.
Además de buscar la eficiencia y modernización de las instituciones, el proyecto contribuye a la mejora de la calidad del gasto, a través de una coordinación más eficiente en la forma de trabajar de las instituciones, por medio de mecanismos de coordinación y el fortalecimiento de las políticas y la rectoría sectorial.
Entre las principales innovaciones que propone el proyecto podemos destacar las siguientes:
- Normas y criterios generales que orienten de forma explícita la estructuración del Estado, enfocados en torno a un paradigma de racionalización que justifique cualquier creación y modificación de estructuras administrativas sobre la base de las necesidades públicas, la disponibilidad de recursos y el interés general de la ciudadanía.
- Se definen cuáles son los instrumentos jurídicos necesarios para aprobar la creación, modificación de las cartas orgánicas de los organismos y entidades del Estado, así como las normas de organización en general (creación de unidades dependientes, funciones, etcétera).
- Se establecen los contenidos básicos de las cartas orgánicas y los requisitos de creación de dependencias administrativas.
Además, el proyecto de Ley clasifica los ámbitos de la organización según el tipo y naturaleza de funciones, establece los medios de control de acuerdo a la naturaleza de las distintas estructuras administrativas del Estado y regula la resolución de controversias o conflictos entre instituciones. Un tema relevante es la regulación de las potestades de los ministerios en la rectoría, así como en la coordinación del sector, salvo los casos en que la ley otorgue esa potestad a otros organismos o entidades.
Asimismo, se regulan normas sobre figuras como la avocación, desconcentración del ejercicio de competencias y delegación de firma, que posibilitan a las autoridades delegar o asumir atribuciones para agilizar la gestión, sobre las cuales no existen regulaciones al respecto.
Por su parte, el proyecto fija reglas que asegure un mayor destino de recursos para fortalecer los ámbitos misionales de las instituciones; y encarga al Ministerio de Hacienda el diseño de criterios para la categorización, estandarización y centralización de las unidades administrativas y financieras (UAF) y las SUAF, así como, las dependencias de asesoramiento y de apoyo operativo; e incorpora reglas para la presentación de proyectos de simplificación del Estado.
Finalmente, a solicitud del equipo de transición del gobierno electo, el proyecto prevé la inclusión de mandatos de carácter especial de reordenamiento institucional, orientados a la combinación de recursos, funciones y responsabilidades de instituciones estratégicas del Poder Ejecutivo, que complementan a los demás instrumentos incluidos al proyecto marco.
