La exsenadora Kattya González promovió ante la Corte Suprema de Justicia una acción de inconstitucionalidad en contra de la decisión del Senado que la despojó de su banca. “Kattya debe recuperar su banca”, afirmó su abogado.
La exsenadora Kattya González ha presentado una acción de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia con el fin de recuperar su banca en la Cámara de Senadores, de la cual fue despojada recientemente por una mayoría de legisladores afiliados al Partido Colorado, PLRA y ex Cruzada Nacional.
El recurso fue presentado por el abogado Robert Marcial González, quien afirmó que, según la ley, los efectos de la resolución que destituyó a González deberían suspenderse automáticamente.
“La decisión irregular y los actos tomados en contra del orden jurídico son nulos, y esa declaración se realizará a través de la vía de la inconstitucionalidad. Kattya debe recuperar su banca”, enfatizó el abogado.
González destacó que la destitución de González del Senado afectó gravemente varios pilares del Estado de Derecho y la democracia constitucional, haciendo hincapié en la violación del reglamento del Senado, la falta de notificación adecuada de las acusaciones y la composición ilegítima del Senado durante el proceso.
En el documento presentado ante la Corte, se resalta la falta de plazo para su defensa, la ausencia de detalles sobre las acusaciones y la ilegitimidad de los votos que llevaron a su destitución.
“Kattya no recibió ni siquiera un solo documento que explicara las acusaciones en su contra”, afirmó González.
Cuando se le preguntó si la Sala Constitucional tomará una decisión inmediata, el abogado expresó confianza en que la Corte actuará para proteger la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica.
“La Corte debe entender el interés colectivo en este caso y tomar medidas en consecuencia”, agregó.
La destitución de Kattya González se produjo el pasado 14 de febrero en una sesión extraordinaria del Senado, donde 23 votos de senadores afiliados al Partido Colorado y otros afines al oficialismo respaldaron su remoción, acusándola de uso indebido de influencias.