Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti imputaron a Mario Abdo, Arnaldo Giuzzio, René Fernández, y otros, porque supuestamente habían planeado un esquema para generar investigaciones penales contra Horacio Cartes.
El Ministerio Público imputó al expresidente Mario Abdo Benítez y a otras ocho autoridades de su gobierno por presuntos delitos, entre ellos revelación de secretos, inducción a cometer hecho punible y asociación criminal. Estas imputaciones son resultado de una denuncia presentada por Horacio Cartes.
Los fiscales Aldo Cantero y Giovanni Grisetti llevaron adelante esta acción legal, que llega ocho meses después de la denuncia inicial de Cartes.
Entre los imputados se encuentran figuras prominentes del gobierno anterior, como el exsecretario privado de Abdo Benítez, Mauricio Espínola, quien actualmente ocupa un cargo como diputado; Carlos Arregui, exministro de Prevención de Lavado de Dinero; Arnaldo Giuzzio, exministro del Interior y su asesor de inteligencia, Daniel Farías Kronawetter.
La lista se completa con René Fernández, quien lideraba la Secretaría Nacional Anticorrupción; Carmen Pereira Bogado, que anteriormente se desempeñaba como directora General de Análisis Financiero y luego como directora adjunta de Seprelad; Guillermo Preda, quien asumió en el cargo que dejó Pereira Bogado, y Francisco Pereira Cohene, director de Análisis Financiero “B”.
Las imputaciones se centran en acusaciones graves, incluyendo revelación de secretos de servicio, inducción a cometer un hecho punible, denuncia falsa, simulación de un hecho punible, usurpación de funciones públicas y asociación criminal.
La investigación sugiere que Abdo Benítez podría haber planeado un esquema para generar investigaciones penales contra personas “contrarias a su movimiento dentro del Partido Colorado, con el propósito de debilitar sus figuras en el ámbito político, económico y electoral”.
Según el acta de imputación, se habría utilizado un equipo de expertos en investigación, liderado presuntamente por Arregui, Fernández y Giuzzio, para elaborar un informe de inteligencia que vincula a Cartes y sus empresas con actividades ilícitas como lavado de dinero y contrabando de cigarrillos.
Además, la Fiscalía investiga la filtración de este informe confidencial a los medios de comunicación, lo que generó un gran impacto público. Incluso se señala al diputado Mauricio Espínola por divulgar datos confidenciales sobre los salarios de Santiago Peña, también vinculado al caso.
