El ministro de Economía, Carlos Fernández, destacó que Paraguay está pasando por un buen momento económico y con un dinamismo acelerado. En la reunión del Equipo Económico Nacional (EEN) se analizaron medidas para reactivar las obras públicas y otras políticas.
A un crecimiento económico en el 2023 del 4,7% (por encima de la expectativa del 4,5%), se suman aumentos en los indicadores de actividad económica de enero, aumento del consumo, de la concesión de créditos (con un crecimiento del 10% y 12% en moneda nacional y extranjera) y un aumento en la generación de empleo, citó el ministro.
A este dinamismo «hay que ayudarlo con una serie de políticas públicas». Por ello el EEN analizó entre sus propuestas de este martes autorizar al Ministerio de Obras Públicas (MOPC) a realizar nuevos llamados de licitación para ejecución de obras.
Este mismo día fue dado a conocer el Decreto 1.460/24, que autoriza al Ministerio de Economía y Finanzas a realizar las gestiones para financiar las fases B y C del proyecto de Defensa Costera de Pilar, que sera culminado con financiamiento del Fondo Saudí para el Desarrollo por US$ 86 millones.
El presidente Santiago Peña destacó que el encuentro permitió evaluar las acciones que el Gobierno está impulsando y que se implementará «para mejorar la calidad de vida de todos los paraguayos».
Fondo de Garantías para Mipymes
El ministro también se refirió a la propuesta de un proyecto de ley para un nuevo Fondo de Garantías para Mipymes (Fogapy), similar al vigente durante la pandemia del covid-19.
«Tenemos todavía necesidad de financiamiento de las Mipymes y elaborar planes para facilitar el acceso al crédito», para el sector que es uno de los grandes generadores de empleo, añadió Fernández.
Destacó el aumento en los fondos disponibles para que el Estado pueda llevar adelante programas en las áreas de salud, educación, seguridad y asistencia social. Esto es debido a la buena recaudación tributaria y aduanera por parte del DNIT, a la colocación de bonos realizada en diciembre y enero y los pagos percibidos por las binacionales de Itaipu y Yacyretá.
Además, anunció que fue cancelada en su totalidad la deuda del Estado con los proveedores de medicamentos e insumos para el sistema sanitario.
Desde el inicio de la actual administración se hizo hincapié en la necesidad de cancelar una deuda de US$ 600 millones con constructoras y farmacéuticas, por lo que se recurrió a una ley que habilitó al Estado a medidas extraordinarias como la colocación de bonos (por US$ 220 millones), la utilización de créditos (por US$ 60 millones) y reasignaciones presupuestarias.
