El Ministerio Público acusó a Miguel Prieto y a otros funcionarios municipales por un supuesto esquema de desvío de recursos públicos mediante licitaciones amañadas, y pidió que la causa se eleve a juicio oral.
Los fiscales de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, Silvio Corbeta, Alma Zayas y María Verónica Valdez, han formulado acusación formal contra el intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, por los supuestos delitos de lesión de confianza y asociación criminal. La acusación también incluye a varios funcionarios y asociados del municipio, señalados de participar en un esquema de desvío de fondos a través de licitaciones públicas manipuladas.
La acusación abarca a:
- Francisco Raimundo Arrúa Álvarez, ex director de administración y finanzas de la comuna.
- Maggi Elizabeth Fariña Almada, coordinadora de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) de la Municipalidad.
- Sebastián Martínez Insfrán, concejal municipal.
- Higinio Ramón Acuña, jefe de División, Adquisición y Suministro de la comuna.
- Cirle Elizabeth Alcaraz Ramírez, encargada de órdenes de pago del municipio.
- Nelson Alexis Segovia Acevedo, tesorero.
- Emili Vanessa Florentín Páez, presidenta de Vanemi SA.
- Fermín Ávalos Britos, propietario de la empresa Tía Chela SRL, adjudicada por la Municipalidad de Ciudad del Este.
- José Félix Cáceres Galeano.
- Julián Benítez Gamarra.
Según el Ministerio Público, Prieto y sus colaboradores habrían convocado y promovido una licitación por vía de excepción entre marzo y junio de 2020, en el contexto de la pandemia de COVID-19, con el propósito declarado de adquirir insumos para la fabricación de panificados destinados a familias de escasos recursos. Sin embargo, según la Fiscalía, el proceso de compra pública fue presuntamente direccionado y manipulado para beneficiar a una estructura jurídica alineada con los intereses del intendente.
El supuesto esquema habría causado un perjuicio patrimonial de G. 306.188.500 a las arcas municipales, monto correspondiente al pago realizado a la empresa proveedora por mercaderías inexistentes.
Por su parte, Prieto y su defensa han rechazado las imputaciones, calificándolas de infundadas y afirmando que la acusación tiene fines políticos.
