El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió apercibir, y no destituir, al fiscal Luis Said, tras considerar probada su «omisión y negligencia». El agente del Ministerio Público denunció que la cuestión se operó políticamente para destituirlo.
En una sesión extraordinaria del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), convocada para las 13:30 horas, los miembros deliberaron y emitieron un fallo unánime de apercibimiento contra el fiscal Luis Said. La sanción se basó en la «omisión y negligencia» del fiscal al no impulsar una investigación penal durante dos años y seis meses.
El JEM también consideró una acusación por falta de imputación y desprolijidad en el desempeño de Said. Sin embargo, seis miembros votaron por su absolución en este punto, argumentando que no se probó suficientemente el hecho que motivó el enjuiciamiento. Un miembro votó por la sanción. Se consideró que la decisión de imputar es una facultad del fiscal, que debe basarse en la existencia de suficientes elementos de sospecha.
El miembro del JEM, el ministro de la Corte Suprema de Justicia, Manuel Dejesús Ramírez Candia, no estuvo presente, ya que había comunicado su ausencia el 26 de julio debido a su participación en la reunión del pleno de representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en Bogotá, Colombia.
La sesión contó con la presencia física de la presidenta del JEM, Alicia Pucheta, el consejero Enrique Berni, el diputado colorado Orlando Arévalo, y el diputado de la ANR, Alejandro Aguilera. A través de medios telemáticos participaron el ministro de la Corte Suprema de Justicia, César Garay Zuccolillo, y la diputada Hermelinda Alvarenga, quien reemplazó al diputado Derlis Maidana, quien se excusó de participar.
El caso de Luis Said cobró relevancia debido a su actuación en casos de corrupción emblemáticos, incluyendo la condena del ex rector de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), Froilán Peralta; el ex intendente de Lambaré, Roberto Cárdenas; y el ex gobernador de Villa Hayes, Óscar Ñoño Núñez.
El fiscal Said, y varios sectores de la oposición, denunciaron que su enjuiciamiento se venía operando políticamente con el objeto de destituirlo, en forma de represalia por su actualización en casos de corrupción donde procesó a personas cercanas del poder.
