Organizaciones civiles advirtieron sobre las graves consecuencias económicas y sociales que podría desencadenar la implementación de la ley de control a ONGs, aprobada por el Congreso. En un comunicado, pidieron a Santiago Peña que vete la normativa.
Un conjunto de 23 organizaciones sociales, empresariales y académicas, entre ellas Desarrollo en Democracia y la Asociación de Empresarios Cristianos, solicitó al presidente Santiago Peña que rechace la ley de control a las ONGs. Las agrupaciones expresaron su preocupación por los efectos que la ley podría tener sobre la institucionalidad del país y el impacto económico, al potencialmente desincentivar la inclusión y la participación ciudadana.
En su comunicado, las organizaciones citaron la obra Por qué fracasan las naciones de Daron Acemoglu y James Robinson, ganadores del Premio Nobel de Economía, para argumentar que las naciones que desarrollan instituciones inclusivas, con poder distribuido de manera equitativa, prosperan. En cambio, las instituciones excluyentes, que concentran el poder en una élite, detienen el crecimiento y agravan la desigualdad.
«Paraguay está en un momento decisivo. O consolidamos instituciones inclusivas o corremos el riesgo de crear un sistema que perpetúe la exclusión y la desigualdad», advirtieron. Las organizaciones temen que la normativa sancionada el pasado 9 de octubre, aunque modificada, aún mantenga un espíritu persecutorio hacia los espacios que critiquen al Gobierno.
Además, citaron un reciente informe de Fitch Ratings, que muestra preocupación por el avance de esta ley, sugiriendo que podría afectar negativamente la credibilidad del país ante los mercados internacionales. También recordaron las declaraciones de una directora de Standard & Poor’s, quien destacó la importancia de una sociedad civil fuerte y crítica como contrapeso necesario frente a los poderes del Estado.
«Limitar la independencia de las ONGs no solo debilita el equilibrio democrático, sino que también pone en riesgo el reciente grado de inversión otorgado por Moody’s, que refleja un esfuerzo conjunto de los sectores público y privado», advirtieron.
La ley de control a las ONGs ha generado controversia desde su inicio, y las organizaciones señalan que su implementación sería un retroceso en los logros democráticos del país.
