El procurador general, Marco Aurelio González, aseguró que la Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil se extiende a todos los poderes del Estado, excepto en casos con regulación propia, como la docencia y la carrera militar.
El procurador general de la República, Marco Aurelio González, aclaró este viernes que la recién promulgada Ley de la Función Pública y la Carrera del Servicio Civil es aplicable a todas las instituciones públicas, incluidas el Congreso y el Poder Judicial. Esto desmiente algunas publicaciones que señalaban lo contrario.
En una entrevista con medios estatales, González explicó que la ley regula a todos los funcionarios de estas instituciones, aunque no a los cargos de elección o designación definidos por la Constitución Nacional, como el caso de diputados, senadores, magistrados e intendentes. Sin embargo, todos los demás empleados públicos de estas entidades estarán bajo el marco de la nueva normativa.
El procurador también destacó que las carreras con normativas específicas, como la docente, médica, policial y militar, seguirán rigiéndose por sus propias leyes, aunque en los casos donde estas no dispongan de reglas, se aplicará la nueva ley.
Esta ley, que tiene como objetivo premiar la meritocracia y profesionalizar la función pública, establece concursos y evaluaciones como bases para el acceso y ascenso en el servicio civil. González resaltó que se crearán cargos directivos con estándares específicos para garantizar un servicio de calidad a la ciudadanía, limitando a solo cuatro cargos de confianza en las instituciones.
Con esta reforma, el funcionario público podrá progresar de manera horizontal y vertical dentro de su carrera, reconociendo su mérito y capacitación. Según el procurador, esto otorga mayor estabilidad laboral y limita los cambios masivos en la administración con cada cambio de ministro.
Finalmente, González destacó que los contratados también recibirán protección bajo la nueva ley, siempre que accedan a sus cargos mediante concurso de méritos, consolidando un marco legal que beneficia a los empleados públicos y garantiza el servicio a los ciudadanos.
