En el marco de su campaña contra los indocumentados, el gobierno de Donald Trump envió este martes el primer vuelo con migrantes arrestados a un centro de detención en Guantánamo, mientras ordena aumentar su capacidad a más de 30.000 personas.
El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, ha dado un paso contundente en su política contra la inmigración. Este martes, la Casa Blanca anunció que se envió el primer vuelo con migrantes arrestados hacia un centro de detención ubicado en la Base Naval de Guantánamo, en Cuba. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró a Fox News: «Ya no permitiremos que EE.UU. sea un vertedero de criminales ilegales de naciones de todo el mundo».
Esta medida forma parte de una campaña más amplia en la que el gobierno de Trump ha detenido a más de 3.000 personas en las primeras semanas de su mandato, aunque estas cifras todavía se alejan de las redadas masivas prometidas. En respuesta a la situación, el presidente ordenó ampliar la capacidad de detención en Guantánamo para albergar a más de 30.000 personas. El Pentágono ya ha desplegado más de 150 militares, incluyendo Infantes de Marina y efectivos del Comando Sur, encargados de la seguridad en la región latinoamericana.
El pasado miércoles, Trump firmó un memorando en el que justificó la ampliación de la capacidad de Guantánamo, señalando que la medida tiene como objetivo «detener a los peores inmigrantes ilegales criminales que representan una amenaza para el pueblo estadounidense». Esta posición ha generado controversia, ya que la legislación estadounidense tipifica el ingreso indebido como un delito menor, y estudios de instituciones como la Universidad de Stanford han demostrado que los migrantes tienen menores tasas de criminalidad en comparación con los ciudadanos nacidos en EE.UU.
La operación y las declaraciones del gobierno se enmarcan en un contexto de tensiones crecientes en la política migratoria estadounidense, en la cual se han implementado diversas medidas que incluyen la congelación de fondos para programas de ayuda internacional y el acceso a información clasificada por parte de equipos de inspección. Estas acciones han desatado un intenso debate sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos.
