El contralor Camilo Benítez resaltó el impacto positivo del programa Hambre Cero y la satisfacción generalizada con la alimentación, tras fiscalizar 350 escuelas. Sin embargo, advirtió sobre falencias que deben ser tenidas en cuenta.
El contralor general de la República, Camilo Benítez, valoró este martes los logros del programa Hambre Cero luego de la verificación realizada en 350 de las 7.000 escuelas públicas que reciben el servicio de alimentación escolar. Aunque admitió la existencia de falencias graves, destacó la importancia de los aspectos positivos como base para consolidar y expandir la iniciativa.
Benítez compareció ante la Comisión de Cuentas y Control del Senado para presentar los resultados del monitoreo y, posteriormente, en declaraciones a la prensa, subrayó que la política de alimentación escolar ha tenido un efecto favorable en la asistencia de los alumnos y en la percepción general de las comunidades, especialmente en zonas del interior.
“Es importante resaltar también las cosas que se hacen bien, porque se tienen que seguir haciendo”, afirmó, mencionando que en la mayoría de las instituciones visitadas los niños consumieron el menú previsto.
Sin embargo, el contralor no omitió las debilidades encontradas. La principal es la falta de infraestructura: muchas escuelas no cuentan con comedores ni utensilios adecuados. Además, identificaron inconsistencias entre la cantidad de alumnos registrados y la provisión de alimentos por parte de las empresas adjudicatarias, debido a que el Registro Único del Estudiante (RUE) no está actualizado.
También se detectaron retrasos reiterados en la entrega de insumos por parte de algunas proveedoras, lo que impidió cocinar los alimentos en ciertos centros educativos. “Esa es una observación de gravedad que amerita una sanción”, advirtió Benítez, y agregó que la situación no debe normalizarse, como ocurrió en el pasado con el Fonacide.
Otro punto crítico es la falta de aplicación del Sistema Integrado de Alimentación Escolar (SIAE), que debería permitir un control diario del servicio prestado. “Lo más grave es que muchos niños no comen. El principio de universalidad de la ley obliga a que todos los niños coman todos los días del año”, remarcó.
Ante las irregularidades, la Contraloría recomendó a algunas gobernaciones revisar sus contratos con las proveedoras, aplicar sanciones o incluso rescindirlos si fuera necesario.
Por último, Benítez recordó que las denuncias pueden realizarse de forma anónima a través de la plataforma Ñangareko, un sistema con GPS y calificación de hasta cinco estrellas, diseñado para evaluar el servicio sin exponer a los denunciantes.