El contralor general de la República, Camilo Benítez, solicitó al Ministerio del Interior la intervención de las intendencias de Óscar Rodríguez y Miguel Prieto, tras detectar serias anomalías en la ejecución presupuestaria y administración de bienes públicos.
La Contraloría General de la República (CGR) solicitó este viernes la intervención de las municipalidades de Asunción y Ciudad del Este, lideradas por Óscar “Nenecho” Rodríguez y Miguel Prieto, respectivamente. La medida se fundamenta en graves irregularidades detectadas por el órgano de control en la gestión de ambas administraciones.
Durante una conferencia de prensa, el contralor Camilo Benítez afirmó: “No podemos ser cómplices de la corrupción”. Agregó que el pedido de intervención fue remitido al Ministerio del Interior, y está respaldado por hallazgos técnicos y por denuncias penales impulsadas por ciudadanos de ambas ciudades.
Benítez denunció una constante falta de cooperación de parte de los entes auditados, así como la falta de respuesta de otras instituciones del Estado. “Desde el inicio de mi gestión, remitimos más de 226 reportes de hechos punibles al Ministerio Público, sin embargo, la mayoría no recibió seguimiento”, lamentó.
En el caso de Ciudad del Este, la CGR detectó irregularidades vinculadas a la transferencia de fondos para la actividad “Navidad sustentable” en 2023, además de inconsistencias en los gastos de capital entre los años 2019 y 2022.
Sobre la administración de Rodríguez en Asunción, se señala una serie de anomalías en la ejecución presupuestaria entre 2021 y 2024. En particular, se cuestionan las emisiones de bonos: G8 por G. 360.000 millones en 2022 y G9 por G. 195.000 millones en 2023, esta última para pagar deudas heredadas.
Benítez cuestionó también la falta de coordinación institucional con el Tribunal de Cuentas, lo que a su juicio obstaculiza el avance de las investigaciones. “La ciudadanía exige resultados. No podemos permitir que la lucha contra la corrupción se diluya por la inacción o la indiferencia de otros poderes del Estado”, subrayó.
Finalmente, sostuvo que la intervención es un paso necesario para enfrentar las malas prácticas en la administración pública. “Es nuestro deber agotar todos los recursos disponibles para dar respuestas concretas a la ciudadanía y desnudar las inconductas de los administradores de la cosa pública”, concluyó.
