La intervención a la Municipalidad de CDE identificó desvíos de fondos asignados a obras durante la administración de Miguel Prieto. El informe, presentado por el interventor Ramón Ramírez, advierte sobre obras sin supervisión y uso indebido de recursos del Consejo Local de Salud.
La administración del intendente Miguel Prieto, líder del movimiento Yo Creo, es investigada por una presunta malversación de G. 29.000 millones, detectada por el equipo interventor liderado por Ramón Ramírez en la Municipalidad de Ciudad del Este. Según explicó el economista este martes en conferencia de prensa, los fondos que debían destinarse a obras y bienes de capital fueron utilizados irregularmente para cubrir gastos corrientes, transferencias y pagos de deudas.
La intervención, que se basa en hallazgos de la Contraloría General de la República (CGR), señala que la comuna contaba con una partida de G. 83.000 millones para gastos de capital, de la cual una parte fue desviada sin justificación. “En la medida que avanzamos en la intervención nos encontramos con hechos que profundizan nuestra preocupación”, afirmó Ramírez.
Otro eje crítico del informe está relacionado con los recursos canalizados a través del Consejo Local de Salud entre 2019 y 2022, que totalizaron G. 10.500 millones. De ese monto, G. 6.000 millones fueron destinados a obras y refacciones sin contar con controles técnicos ni administrativos. En muchos casos, no hay constancia documental de las obras, ni actas de recepción, ni certificaciones de avance.
Las irregularidades detectadas incluyen pagos sin documentación técnica aprobada, transferencias sin procesos legales de contratación, y ausencia de supervisión profesional. Además, se evidenció una situación de conflicto de interés: el entonces director de Desarrollo Social del municipio, Sebastián Martínez —actual presidente de la Junta Municipal— ejercía simultáneamente como síndico titular del Consejo Local de Salud, actuando como ejecutor y controlador de los recursos.
Martínez ya fue denunciado por la Contraloría Ciudadana de Ciudad del Este en agosto de 2023 y cuenta con imputaciones por lesión de confianza y asociación criminal, relacionadas a supuestas transferencias irregulares a comisiones vecinales.
Ramírez remarcó que todos los elementos presentados están debidamente documentados y formarán parte del dictamen que será entregado en los próximos 60 días. “No son presunciones ni conjeturas, son hechos documentados”, aseguró. También instó a que el Ministerio Público intervenga para investigar los hechos de posible corrupción.
