El documento elaborado por Fernando Masi y Belén Servín para el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) llega en un momento oportuno. Paraguay es hoy el único país de Sudamérica que mantiene relaciones diplomáticas con Taiwán, y el debate sobre un posible giro hacia China ha vuelto a instalarse tanto en el ámbito político como en el empresarial. El informe del CADEP ofrece una radiografía clara del presente económico: la magnitud del intercambio comercial con China contrasta con la modesta relación con Taiwán, y el peso creciente del gigante asiático se impone como un dato objetivo. Sin embargo, el texto no está exento de desequilibrios y silencios que, al ser examinados con detenimiento, revelan más sobre las tensiones de la política exterior paraguaya que sobre las cifras mismas.
Desde un punto de vista metodológico, el estudio es riguroso. Los autores organizan con solvencia los datos del Banco Central del Paraguay, de la OMC y del Ministerio de Comercio de China (MOFCOM), demostrando que China concentra alrededor de un tercio de las importaciones paraguayas y que, pese a la falta de vínculos diplomáticos, su presencia económica es estructural. La precisión de los cuadros sobre flujos comerciales e inversión extranjera directa, así como la constatación de las discrepancias estadísticas entre ambos países, otorgan credibilidad al diagnóstico. A ello se suma una lectura acertada del contexto geopolítico: Paraguay es una excepción en el mapa latinoamericano, un punto de continuidad en una región que casi en su totalidad ha reconocido a la República Popular China. La geografía de la diplomacia parece, en este punto, ir a contramano de la economía.
Pero donde el informe del CADEP acierta en la descripción, tropieza en la interpretación. Su afirmación de que las relaciones con Taiwán han dejado “beneficios escasos” y se sostienen principalmente en donaciones, resulta incompleta y anacrónica. En efecto, durante décadas la cooperación taiwanesa estuvo marcada por un modelo de asistencia directa, con aportes presupuestarios y financiamiento de obras públicas. Sin embargo, la última década muestra un viraje cualitativo que el estudio ignora. La relación bilateral se ha desplazado hacia la inversión en conocimiento, educación técnica y tecnología aplicada, sectores donde la rentabilidad es de largo plazo y no se mide en dólares ingresados al fisco, sino en capital humano y transferencia de saberes.
El caso paradigmático es la Universidad Politécnica Taiwán–Paraguay (UPTP), fundada en 2018 mediante ley nacional y fruto de una alianza entre el gobierno paraguayo y la Taiwan Tech. La institución ofrece ingenierías en Civil, Electromecánica, Industrial e Informática, ya cuenta con egresados y avanza en la construcción de su campus definitivo. La UPTP representa un salto cualitativo: no es una donación, sino un proyecto de co-inversión educativa e institucional, donde Taiwán aporta conocimiento, currículo, docentes y asistencia técnica, y Paraguay asume la gestión soberana. Su objetivo no es generar rentas inmediatas, sino cimentar las bases para una economía del conocimiento. Esa transformación de la cooperación en inversión educativa —que se materializa en laboratorios, infraestructura y convenios de intercambio científico— no aparece registrada en el análisis del CADEP.
Otro tanto ocurre con los nuevos instrumentos económicos de la relación bilateral. El Acuerdo Económico (ECA) de 2017, y su ampliación en 2025 mediante la Decisión N.º 8, introdujeron preferencias arancelarias concretas para productos paraguayos como la miel y los alimentos procesados, fortaleciendo el acceso al mercado taiwanés para pequeñas y medianas empresas agroindustriales. A diferencia de las donaciones, este acuerdo genera un canal de comercio permanente, con reglas de origen y etapas de desgravación, contribuyendo a diversificar los destinos de exportación paraguayos. No es filantropía: es política comercial activa.
La cooperación también se ha extendido al campo de la innovación tecnológica y la transición energética. En octubre de 2025, Paraguay y Taiwán firmaron un Memorándum de Entendimiento para la cooperación en créditos de carbono bajo el Artículo 6 del Acuerdo de París, que prevé el desarrollo de marcos regulatorios, sistemas de medición y plataformas digitales de registro. Este tipo de asistencia no se traduce en cifras de inversión directa, pero constituye una transferencia de capacidades regulatorias y tecnológicas sin precedentes. Supone formar técnicos, diseñar estándares y crear una institucionalidad climática que permanecerá más allá de la cooperación puntual.
Asimismo, Taiwán ha impulsado proyectos de infraestructura tecnológica en Paraguay. El Parque Tecnológico Inteligente Taiwán–Paraguay, instalado en Minga Guazú, se proyecta como un polo de desarrollo industrial digital orientado a la manufactura avanzada y al alojamiento de data centers alimentados por energía renovable. De la mano del Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC), se trabaja además en la creación de un centro de datos nacional, concebido para albergar servicios públicos digitales, plataformas de inteligencia artificial y sistemas de información soberanos. En estos ámbitos —educación, conocimiento, energía, digitalización— Taiwán no actúa como donante, sino como socio estratégico en la construcción de capacidades tecnológicas de un país que aún busca consolidar su diversificación productiva.
El informe del CADEP no toma en cuenta estos desarrollos y, al omitirlos, tiende a reproducir una imagen simplificada: Taiwán sería un aliado político con poco peso económico, y China, la alternativa inevitable para el desarrollo. Esa lectura pasa por alto que el propio Paraguay ha avanzado, desde comienzos del siglo XXI, en un proceso de diversificación e industrialización incipiente, impulsado por el régimen de maquila, que en 2024 exportó más de mil millones de dólares en autopartes, confecciones y alimentos procesados, con saldo positivo y generación de decenas de miles de empleos. La cooperación taiwanesa, orientada a educación técnica y transferencia tecnológica, complementa y refuerza este proceso, mientras que una apertura apresurada a China podría, sin políticas industriales firmes, consolidar una nueva dependencia basada en commodities.
El valor del informe del CADEP está en su contribución a ordenar el debate público y ofrecer una base empírica sólida sobre los flujos de comercio e inversión. Pero su principal debilidad radica en la ausencia de un enfoque de soberanía económica y tecnológica. Las experiencias regionales muestran que el reconocimiento diplomático de China no garantiza automáticamente inversiones productivas ni desarrollo industrial: en El Salvador, Nicaragua y Honduras, las promesas iniciales derivaron en proyectos de infraestructura con bajo contenido local; en Panamá, la relación se tradujo en una expansión comercial, pero también en una creciente dependencia logística y portuaria. Ninguno de esos países logró un salto de complejidad productiva. En algunos casos, además, la firma de contratos opacos o concesiones prolongadas generó tensiones con la soberanía nacional, como ocurrió con la concesión del Canal de Nicaragua a una empresa de Hong Kong por un período de cien años.
La lección que Paraguay puede extraer de esos antecedentes es clara: abrirse al mercado chino no implica necesariamente renunciar a Taiwán, pero tampoco puede hacerse sin reglas claras. Se necesita un marco legal de examen de inversiones extranjeras para sectores críticos, cláusulas de desempeño y transferencia tecnológica en los contratos, y un modelo de cooperación triangular que incluya a socios occidentales en áreas sensibles como ciberseguridad, educación y energía. En otras palabras, el país debe decidir cómo relacionarse con ambos polos de poder sin quedar atrapado en su rivalidad.
El informe de CADEP, por su parte, cumple una función útil al mostrar que la realidad económica ya se ha adelantado a la política exterior, pero no ofrece respuestas sobre cómo gobernar esa interdependencia. Su mirada, centrada en los flujos de capital, no alcanza a dimensionar los cambios recientes en la naturaleza de la cooperación taiwanesa ni el valor estratégico del conocimiento. En este sentido, el estudio resulta sólido como diagnóstico, pero insuficiente como hoja de ruta para un Paraguay que busca insertarse en la economía del siglo XXI sin perder el control de sus decisiones.
Lo que emerge de la evidencia es una paradoja. Taiwán ya no es solo un donante: es un actor que invierte en capital humano, educación científica, estándares digitales y soberanía tecnológica. China, por su parte, ofrece la escala del mercado y la promesa del financiamiento, pero con riesgos asociados a la concentración y al control. Entre ambas orillas, Paraguay se encuentra ante la oportunidad —y el desafío— de definir su propio modelo de desarrollo. Si el informe del CADEP ilumina el terreno de los hechos, corresponde ahora al debate público llenar el espacio de las ideas.
