El Indert denunció un intento de estafa vinculado a 1.400 hectáreas de Itakyry que en 2022 fueron ofrecidas pese a ser tierras fiscales. Francisco Ruiz Díaz anunció además la suspensión de adjudicaciones en el Chaco para revisar operaciones previas y evitar pérdidas millonarias asociadas a la Ruta Bioceánica.
El Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert) presentó este martes una denuncia ante el Ministerio Público por un presunto intento de estafa relacionado con la compra de una finca de 1.400 hectáreas en Itakyry, Alto Paraná. El caso se remonta a un acuerdo firmado en 2022, mediante el cual se pretendía canjear la propiedad por tierras en el Chaco, pese a que Registros Públicos confirmó que la finca pertenece al Estado y tiene un valor estimado de USD 14.136.000.
El presidente del Indert, Francisco Ruiz Díaz, explicó que el esquema irregular incluyó la producción de documentos supuestamente falsos y un acuerdo suscrito entre la entonces presidenta del Indert, Gail González Yaluff, y un hombre identificado como Héctor Urbano Parodi. La permuta nunca fue aprobada por la Junta del Indert y fue anulada formalmente en 2024 por la administración actual.
Ruiz Díaz indicó que la denuncia amplía la investigación ya existente sobre documentos no auténticos, incorporando ahora la figura de intento de estafa. La finca está bajo resguardo judicial.
El presidente del Indert anunció además la suspensión de adjudicaciones de tierras en la región Occidental, especialmente en el área del Puente Bioceánico y el corredor vial en construcción. Argumentó que es necesario crear nuevos métodos de tasación basados en el valor real de mercado, para que el Estado no pierda el efecto de plusvalía. De lo contrario, estimó, el país podría perder alrededor de USD 3.500 millones.
Entre 2020 y 2023 se adjudicó el 99,4% de las tierras de la zona, con valores fijados en una resolución del año 2013 y con aparentes casos de prestanombres. En contraste, la actual administración adjudicó solo 62 hectáreas en 2024. “Vamos a parar toda adjudicación y trabajar con congresistas para revisar todas las operaciones”, afirmó Ruiz Díaz.
