Brasileños cruzan la frontera para comprar tirzepatida mientras parte del mercado opera con medicamentos que ni siquiera cuentan con aprobación de la FDA —la agencia sanitaria de Estados Unidos— o ingresan al país bajo otras denominaciones. El fenómeno abre una pregunta incómoda: ¿quién está controlando realmente este negocio en Paraguay?
La tirzepatida es un medicamento desarrollado para tratar la diabetes tipo 2 y que en algunos mercados también fue aprobado para el control del peso. En Estados Unidos, por ejemplo, la Food and Drug Administration (FDA) autorizó versiones específicas del fármaco bajo marcas registradas y con prescripción médica obligatoria. Ese punto es clave: fuera de esas presentaciones aprobadas, existen versiones no autorizadas o compuestas que la propia FDA advierte que pueden circular sin garantías de seguridad, pureza o dosificación adecuada.
El problema es que una parte de las inyecciones que hoy circulan en Paraguay no corresponde necesariamente a las presentaciones aprobadas por agencias regulatorias internacionales. Algunas ingresan con otros nombres comerciales, otras son productos compuestos o de origen incierto, y varias se venden directamente en redes sociales o comercios informales.
El fenómeno tiene además un fuerte componente fronterizo. En Brasil, la agencia reguladora ANVISA ya ordenó retirar del mercado ciertos lotes irregulares de tirzepatida que no contaban con registro sanitario. Esa diferencia regulatoria, sumada al precio más bajo que puede encontrarse en Paraguay, generó un flujo constante de compradores brasileños que cruzan la frontera para adquirir el medicamento.
Pero el problema no termina en el origen del producto. La tirzepatida es un medicamento inyectable que debe mantenerse en cadena de frío, generalmente entre 2 °C y 8 °C, para conservar su estabilidad. Sin embargo, en el circuito informal muchas de estas inyecciones se transportan sin controles adecuados, en conservadoras improvisadas o incluso sin refrigeración. Cuando esa cadena se rompe, el medicamento puede perder eficacia o volverse riesgoso para el paciente.
A pesar de las alertas sanitarias emitidas, el control de este mercado no depende de una sola institución. Dinavisa, encargada del registro y vigilancia sanitaria de fármacos; la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), responsable del control del ingreso de mercaderías al país; el Ministerio de Salud, como autoridad sanitaria nacional; y el Ministerio Público, que debe intervenir ante la comercialización ilegal de medicamentos, forman parte del sistema estatal que debería impedir que productos no autorizados o falsificados circulen libremente.
Sin embargo, los hechos muestran que el fenómeno sigue creciendo. En los últimos meses se registraron incautaciones de ampollas en el Puente de la Amistad, robos dirigidos a farmacias y cargamentos valuados en decenas de miles de dólares. Incluso un juzgado de Alto Paraná ordenó suspender la comercialización de una presentación de tirzepatida tras la denuncia de un paciente que sufrió un cuadro grave de salud.
El debate ya no gira únicamente en torno al medicamento en sí. La tirzepatida aprobada por agencias regulatorias puede ser una herramienta terapéutica válida bajo control médico. El problema aparece cuando un fármaco de prescripción se transforma en un producto de turismo de compras, contrabando y mercado informal. En ese escenario, la pregunta no es solo qué tan seguro es el medicamento, sino por qué el sistema de control sanitario y fronterizo no está logrando contener un negocio que crece a plena vista.
