Paraguay promulgó decretos que establecen tarifas eléctricas reducidas por hasta 15 años para industrias convergentes y proyectos Power-to-X (hidrógeno, amoníaco, metanol). Analistas advierten riesgos financieros para la ANDE, ausencia de criterios de valor agregado y posible compromiso de excedentes energéticos sin retorno social esperado.
Paraguay vuelve a debatir el papel de su energía eléctrica como motor de desarrollo. Los Decretos N° 5306 y 5307, promulgados en 2026, introducen un nuevo régimen para las denominadas industrias convergentes y establecen tarifas eléctricas preferenciales por un período de hasta 15 años. La iniciativa se presenta como un mecanismo para atraer inversión tecnológica, impulsar nuevas actividades industriales y posicionar al país en sectores vinculados a la economía digital y la transición energética.
Sin embargo, más allá de sus objetivos declarados, estos decretos plantean interrogantes relevantes sobre su coherencia con la política energética nacional, su impacto financiero en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) y su capacidad real para generar desarrollo industrial sostenible.
Un nuevo esquema de incentivos energéticos
El Decreto 5306 establece la política pública sectorial para las denominadas industrias convergentes, definiendo un nuevo grupo de consumo eléctrico con tarifas reducidas y creando una Comisión Biministerial integrada por el MIC y el MITIC para su implementación. Llama la atención que este mecanismo institucional no contemple una participación directa de la ANDE, empresa estatal responsable del sistema eléctrico nacional.
Por su parte, el Decreto 5307 amplía este esquema hacia proyectos vinculados a la denominada estrategia Power-to-X, que incluye la producción de hidrógeno, amoníaco, metanol o combustibles sintéticos como el keroseno. Para este grupo incluso se contemplan tarifas eléctricas potencialmente más bajas que las previstas para las industrias convergentes.
La lógica detrás de estas medidas es clara: aprovechar la tradicional disponibilidad de energía hidroeléctrica del Paraguay para atraer industrias de alto consumo eléctrico. Sin embargo, la pregunta central es si este modelo de incentivos está alineado con las necesidades estratégicas del país y con la evolución futura de su sistema energético.
Riesgos que deben ser considerados
Diversos elementos sugieren que el diseño actual de estos decretos podría generar riesgos estratégicos si no se realizan ajustes oportunos.
Uno de los principales desafíos es la desalineación con la política energética nacional. Paraguay cuenta con lineamientos estratégicos de largo plazo que buscan orientar el desarrollo energético hasta mediados de siglo. Sin embargo, los decretos no establecen una conexión explícita con esos objetivos ni con la planificación futura de generación eléctrica.
También surge un riesgo financiero para la ANDE. Las tarifas preferenciales establecidas podrían ubicarse por debajo del costo real de generación o del costo de oportunidad de la energía, lo que limitaría la capacidad de inversión de la empresa estatal en infraestructura de transmisión, modernización del sistema y nuevas fuentes de generación.
Otro punto relevante es el horizonte temporal de 15 años. Este plazo podría superar la disponibilidad efectiva de excedentes energéticos provenientes de las centrales binacionales en un contexto de crecimiento sostenido del consumo interno y mayor variabilidad hidrológica en la cuenca del río Paraná.
A esto se suma la ausencia de criterios claros de valor agregado. Los decretos no establecen requisitos concretos en materia de generación de empleo calificado, desarrollo de capacidades tecnológicas locales, encadenamientos productivos ni inversión en investigación y desarrollo. Sin estos elementos, existe el riesgo de atraer proyectos con alto consumo eléctrico pero bajo impacto económico estructural.
También debe considerarse el riesgo de precedentes regulatorios. La creación de un régimen tarifario especial podría incentivar a otros grandes consumidores a solicitar condiciones similares o a buscar reclasificaciones que les permitan acceder a tarifas más bajas.
Finalmente, la falta de mecanismos automáticos de ajuste tarifario frente a variaciones en los costos de generación o en el tipo de cambio podría generar distorsiones económicas a lo largo del tiempo.
Lecciones de experiencias anteriores
La historia energética reciente del Paraguay ofrece algunos antecedentes útiles para analizar este tipo de políticas.
El caso del proyecto de Río Tinto Alcan que fuera impulsado durante el periodo 2011 a 2013, que proponía instalar una planta de aluminio en el país, mostró los riesgos de comprometer grandes volúmenes de energía durante largos períodos para proyectos con bajo valor agregado local y potenciales impactos ambientales y que felizmente fue cancelado por el Gobierno de Horacio Cartes.
Del mismo modo, la experiencia histórica demuestra que la energía barata por sí sola no garantiza la llegada de inversiones estratégicas. Para que la electricidad se convierta en desarrollo industrial real es necesario contar con un marco industrial, regulatorio y tecnológico que acompañe esa ventaja comparativa.
Un ejemplo más reciente es el crecimiento de las criptominerías, actividades caracterizadas por un alto consumo energético y un limitado nivel de encadenamiento productivo local. Este fenómeno evidencia cómo la disponibilidad de energía competitiva puede atraer inversiones que no necesariamente generan un impacto significativo en empleo o transferencia tecnológica.
Hacia una estrategia energética más sólida
La discusión sobre estos decretos no debería centrarse únicamente en la atracción de nuevas industrias, sino en cómo transformar la energía eléctrica en desarrollo económico sostenible.
Para ello, sería recomendable condicionar los incentivos energéticos a compromisos concretos de valor agregado, tales como generación de empleo calificado, inversión en investigación y desarrollo, exportación de servicios tecnológicos o integración con proveedores locales.
Asimismo, el horizonte de 15 años y la estructura tarifaria deberían revisarse incorporando mecanismos automáticos de ajuste que reflejen la evolución de los costos de generación y la disponibilidad futura de energía.
Otro aspecto clave es el fortalecimiento institucional. La implementación de esta política debería realizarse en estrecha coordinación con la ANDE y las entidades responsables de la planificación energética e infraestructura, evitando superposiciones regulatorias o decisiones que puedan comprometer la sostenibilidad del sistema eléctrico.
Finalmente, estos instrumentos deberían integrarse explícitamente dentro de la política energética nacional de largo plazo, vinculando cualquier contrato de suministro a la planificación de nuevas fuentes de generación y expansión del sistema eléctrico.
Una oportunidad que requiere prudencia
Los decretos 5306 y 5307 representan un intento de posicionar al Paraguay en nuevas cadenas de valor vinculadas a la economía digital y la transición energética. Sin embargo, para que esta estrategia sea exitosa es indispensable garantizar que los incentivos energéticos generen desarrollo industrial real y no simplemente subsidios prolongados a actividades de alto consumo eléctrico.
El desafío es claro: convertir la ventaja histórica de la energía hidroeléctrica en un motor de innovación, empleo y diversificación productiva.
Si se introducen los ajustes necesarios, Paraguay podría transformar su energía en una plataforma para el desarrollo tecnológico regional. Pero si no se corrigen las debilidades del diseño actual, el país corre el riesgo de comprometer recursos estratégicos sin obtener el retorno económico y social esperado.
