El Gobierno dispuso que la Penitenciaría Nacional de Tacumbú pase a denominarse “Centro Nacional de Prevenidos” y quede destinada únicamente a personas privadas de libertad sin condena firme. La medida forma parte del operativo “Umbral 3.0”, que contempla el traslado gradual de condenados a otros establecimientos penitenciarios.
La Penitenciaría Nacional de Tacumbú inicia una nueva etapa dentro de la reforma penitenciaria impulsada por el Gobierno y pasa oficialmente a denominarse “Centro Nacional de Prevenidos”, destinado exclusivamente a personas privadas de libertad sin condena firme.
La medida forma parte del operativo “Umbral 3.0”, mediante el cual se dispuso el traslado gradual y planificado de internos condenados a otros centros penitenciarios del país, conforme a criterios de clasificación y seguridad.
“Hoy Paraguay está viviendo un nuevo amanecer, con más esperanza. Hemos dado un paso que no tiene precedentes dentro de la reforma del sistema penitenciario nacional”, expresó el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora.
Con esta disposición, Tacumbú dejará de recibir nuevos ingresos o traslados de personas con condena firme y funcionará exclusivamente como centro para procesados, bajo un nuevo modelo de gestión penitenciaria orientado al control, la reinserción social y el mejoramiento de las condiciones del sistema carcelario.
Nicora señaló además que el objetivo es fortalecer los programas de reinserción social y aplicar “toda la firmeza del Estado paraguayo” para aquellas personas que no quieran reinsertarse a la sociedad.
El ministro explicó que los primeros traslados responden a un trabajo previo de clasificación de las personas privadas de libertad y destacó la coordinación interinstitucional entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Defensa, a través del Consejo de Defensa Nacional.
Según detalló, alrededor de 350 personas condenadas serán trasladadas durante esta semana a otros establecimientos penitenciarios, entre ellos la penitenciaría Martín Mendoza de Emboscada.
La decisión, según el Ministerio de Justicia, se sustenta en disposiciones de la Constitución Nacional, el Código de Ejecución Penal y estándares internacionales de Derechos Humanos.
