El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, informó que el aumento de casi 100.000 estudiantes matriculados este año obligará a incrementar el presupuesto del programa Hambre Cero. El CONAE también aprobó iniciar una nueva licitación plurianual y reforzar los mecanismos de transparencia en las compras a la agricultura familiar.
El programa Hambre Cero en las Escuelas requerirá una ampliación presupuestaria de USD 191 millones para garantizar la alimentación escolar de un mayor número de estudiantes y asegurar la continuidad del servicio hasta el año 2030.
La decisión fue analizada por el Consejo Nacional de Alimentación Escolar (CONAE), luego de que los últimos datos del Registro Único de Estudiantes (RUE) reflejaran la incorporación de 99.415 nuevos alumnos durante este año. Con ello, el universo de beneficiarios asciende a 1.076.677 estudiantes que deberán recibir desayuno, almuerzo y merienda escolar.
El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, explicó que el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE) ya autorizó el inicio del proceso para una nueva licitación plurianual, que abarcará el periodo comprendido entre agosto de 2027 y julio de 2030.
“El Fondo Nacional de Alimentación Escolar ya autorizó el inicio del proceso de llamado a licitación que va a arrancar en agosto de 2027 y va a ir hasta julio de 2030”, señaló el secretario de Estado durante una entrevista con Paraguay TV.
En cuanto al financiamiento, Rojas detalló que actualmente el programa es sostenido en un 60% con recursos provenientes de la compensación de energía —correspondientes al exFonacide— y en un 40% con Recursos del Tesoro. Agregó que la intención del Gobierno es que, de manera gradual, Hambre Cero sea financiado íntegramente con recursos del Tesoro Público.
Durante la reunión del CONAE, encabezada por el presidente de la República, Santiago Peña, también se aprobó remitir al Poder Ejecutivo una propuesta de modificación del Decreto N.° 5601/2026, con el objetivo de fortalecer la transparencia y la trazabilidad en las compras realizadas a la agricultura familiar y a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes).
La propuesta mantiene el porcentaje mínimo del 10% de compras a estos sectores sobre el monto total de ejecución contractual. De ese total, se establece que el 7% deberá corresponder a compras directas al productor primario, mientras que hasta un 3% podrá destinarse a la adquisición de productos procesados provenientes de la agricultura familiar.
