El exgobernador de Central fue hallado inconsciente y ensangrentado en su celda el domingo a las 23:12. Recién el lunes a noche el Gobierno salió a explicar y mostró el circuito cerrado. En el medio hubo un comunicado que hablaba de una caída, un director de hospital que puso en duda esa versión, un ministro del Interior que dijo que algo no cerraba y un día entero de especulaciones que el Estado pudo haber evitado.
Durante todo el día de ayer circularon versiones oficiales que se corrigieron entre sí. El Ministerio de Justicia informó el domingo por la noche que González había sufrido una caída de su propia altura y manejó como diagnóstico preliminar un accidente cerebrovascular. El lunes por la mañana, el director de Establecimientos Penitenciarios, Rubén Peña, aclaró que no podía descartar ninguna hipótesis, incluida una agresión. Por la tarde, el director del Hospital Nacional de Itauguá, Miguel Ferreira, declaró que el tamaño de los hematomas no daba con una sola caída y que las lesiones diferían de un ACV tradicional. Poco después, el ministro del Interior Enrique Riera afirmó que había algo que no cerraba, y el abogado defensor Bernardo Villalba denunció que se enteró de la emergencia por los medios. A las 20:00, el ministro de Justicia Rodrigo Nicora convocó a conferencia de prensa y proyectó el video.
La responsabilidad de esa demora excede a Nicora. El ministro de Justicia administra el sistema penitenciario, no la política comunicacional del Poder Ejecutivo. La pregunta que corresponde hacer es otra: qué instancia del Gobierno nacional evaluó durante todo el lunes que un hecho de esta gravedad podía esperar hasta la noche, y por qué nadie dentro de esa estructura advirtió que un condenado de alto perfil hallado ensangrentado en una cárcel del Estado exigía una respuesta pública inmediata.
La dinámica que se activó en ese lapso está descrita desde hace casi ochenta años. Los psicólogos de Harvard Gordon Allport y Leo Postman formularon en 1947, en The Psychology of Rumor, lo que llamaron la ley básica del rumor: la cantidad de rumor en circulación varía según la importancia del tema para las personas involucradas, multiplicada por la ambigüedad de la evidencia disponible. Un caso como este tiene la importancia fijada de antemano y ninguna autoridad puede reducirla. La ambigüedad, en cambio, es la variable que el Estado sí controla, y la mantuvo alta durante 21 horas.
Nicora describió al abrir la conferencia lo que circuló mientras tanto: versiones sobre un grupo que habría entrado a la celda, sobre agentes penitenciarios que lo habrían golpeado y sobre una golpiza de los propios internos. Las enumeró para desmentirlas. Ninguna habría prosperado con la misma fuerza si el Estado hubiera explicado a primera hora lo que sabía.
Una penitenciaría es un espacio cerrado, videovigilado y administrado por el Estado. El abogado defensor Bernardo Villalba lo planteó con claridad: dentro de una cárcel hay poquísimos puntos ciegos, y determinar quién entró y quién salió de una celda debería resolverse en horas. Si las imágenes estaban disponibles, no había motivo para esperar hasta la noche del día siguiente. Si no lo estaban, el problema deja de ser comunicacional y pasa a ser de control sobre lo que ocurre puertas adentro.
El argumento de que había que corroborar antes de hablar tampoco resiste. Nadie pedía un diagnóstico ni conclusiones sobre responsabilidades. Faltó algo más simple: alguien con autoridad que a primera hora de la mañana explicara qué se sabía, qué no, qué se estaba haciendo para averiguarlo y cuándo habría novedades. Ese ejercicio no compromete ninguna investigación y le quita sustento a las versiones que se construyen sin información.
La actuación del Ministerio de Justicia no está en discusión. Las imágenes fueron entregadas al Ministerio Público, la enfermera que asistió el traslado, el compañero de celda y los guardias de turno ya declararon ante la Fiscalía, y el ministro sostuvo que no se apañará a nadie. Lo que falla es la arquitectura comunicacional del Gobierno, que dejó pasar un día entero sin voz oficial en un caso que la tenía garantizada en todos los medios del país desde la madrugada. Un gobierno que administra las cárceles debe asumir que cualquier hecho grave ocurrido dentro de ellas será leído bajo sospecha, y que responder a esa sospecha requiere un protocolo, no una improvisación de última hora.
González permanece sedado en terapia intensiva, con sangre en la cavidad cerebral y lesiones en el tejido neuronal. Las próximas setenta y dos horas serán determinantes para su evolución y la investigación fiscal establecerá qué ocurrió esa noche. Hay, sin embargo, una conclusión relevante en todo esto: 21 horas de silencio institucional son más de las que cualquier gobierno puede permitirse cuando una persona bajo su custodia aparece inconsciente y ensangrentada.
