El Ministerio de Educación y Ciencias no fue un simple espectador de los millonarios programas tecnológicos que abrieron las puertas de los colegios públicos a Technoma, empresa vinculada al Grupo Vázquez, ITTI y el entorno de ueno Bank. Una disposición legal obliga al MEC a coordinar toda inversión en equipamiento escolar, mientras documentos oficiales revelan reuniones de planificación y una autorización formal incorporada a una licitación de casi G. 62.000 millones. En otro procedimiento, Technoma obtuvo G. 12.627 millones para instalar laboratorios en 40 colegios. La responsabilidad de las autoridades educativas sobre estas operaciones exige explicaciones.
El MEC no puede desentenderse de los negocios tecnológicos
La millonaria presencia de empresas del Grupo Vázquez en las contrataciones del Estado paraguayo también alcanzó a la educación pública. Technoma S.A.E.C.A., firma vinculada empresarialmente con ITTI y el entorno de ueno Bank, obtuvo una adjudicación de G. 12.627.717.408 para instalar laboratorios tecnológicos en 40 colegios públicos, mediante un procedimiento administrado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC).
Aunque formalmente el contrato fue adjudicado por el MITIC, la participación del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) en la planificación de los programas de equipamiento tecnológico está respaldada por documentos oficiales. Y existe un elemento jurídico que impide considerar su intervención como un mero acompañamiento institucional.
La Ley N.º 5749/2017, que establece la Carta Orgánica del MEC, dispone en su artículo 13 que las inversiones en infraestructura y equipamiento escolar, independientemente de la fuente de financiamiento, deben ser coordinadas obligatoriamente con el Ministerio de Educación.
La disposición alcanza al equipamiento destinado a establecimientos educativos aun cuando los recursos y los procedimientos de contratación sean administrados por otra institución.
Por consiguiente, corresponde establecer cómo ejerció el MEC esa obligación legal en el programa adjudicado a Technoma. No basta con señalar que el MITIC realizó la licitación. El Ministerio de Educación debe poder documentar qué decisiones adoptó, qué requerimientos presentó y qué mecanismos de seguimiento estableció para los colegios beneficiarios.
Una autorización del MEC aparece en la DNCP
La evidencia documental más significativa se encuentra en la licitación N.º 465406, impulsada por el MITIC para la adquisición e instalación de equipamientos, mobiliario y adecuaciones para 200 laboratorios tecnológicos.
El procedimiento tenía un presupuesto estimado de G. 61.993.761.324 y en su expediente oficial figura un documento identificado expresamente por la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas como «Autorización del MEC».
El archivo, publicado el 6 de octubre de 2025, lleva la denominación Convenio específico MEC–MITIC.
La existencia de este documento acredita una intervención formal de la cartera educativa en el procedimiento. Su contenido íntegro resulta indispensable para determinar qué autorizó el MEC, quién suscribió el instrumento, qué responsabilidades asumió y cuáles eran los mecanismos previstos para su cumplimiento.
Technoma participó como oferente en esta licitación y posteriormente presentó una protesta ante la DNCP. Sin embargo, el procedimiento terminó cancelado en julio de 2026, por lo que los casi G. 62.000 millones no representan dinero adjudicado a la compañía.
La cancelación tampoco elimina la necesidad de explicar la intervención institucional previa. El expediente conserva una autorización del MEC que debe ser examinada para determinar la responsabilidad administrativa de quienes participaron en su tramitación.
La ley establece responsabilidades que no desaparecen por contratar a través del MITIC
El artículo 13 de la Carta Orgánica no es la única disposición relevante.
El artículo 3 establece que el MEC es el órgano rector del sistema educativo nacional. El artículo 5 le atribuye funciones de formulación, ejecución y evaluación de la política educativa, además de la coordinación de proyectos relacionados con la incorporación de nuevas tecnologías.
Por su parte, el artículo 17 establece responsabilidades concretas de la máxima autoridad ministerial, entre ellas garantizar la continuidad de las políticas educativas, integrar instancias de coordinación y control, suscribir convenios y velar por el uso eficiente, transparente e íntegro de los recursos y bienes tecnológicos de la institución.
En consecuencia, la intervención del MEC en los laboratorios tecnológicos no puede analizarse únicamente desde el punto de vista de quién firmó el contrato con Technoma.
También debe examinarse quién determinó las necesidades educativas, cómo se coordinaron las inversiones, qué colegios fueron seleccionados y quién debía verificar que el equipamiento respondiera a los objetivos del programa.
Estas son responsabilidades de planificación y supervisión educativa que deben distinguirse de la adjudicación contractual, atribuida formalmente al MITIC.
Funcionarios del MEC participaron en reuniones de planificación
La documentación pública también permite identificar a funcionarios del MEC que participaron en la coordinación de estos proyectos.
El 5 de febrero de 2025, el propio MITIC difundió fotografías de una reunión de trabajo entre representantes de ambas instituciones y del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).
Por el Ministerio de Educación participaron Dalila Zarza y Marcos Rotela. En representación del MITIC asistieron Margarita Rojas y Hernán Franco, mientras que por el FEEI estuvieron Carmen Romero, Guillermo Blanco y Milner Alarcón.
Según la información institucional, durante el encuentro se analizaron las acciones previstas para incorporar laboratorios y habilidades tecnológicas en establecimientos educativos.
El FEEI confirmó además que el MEC y el MITIC mantenían comunicación y articulación para el diseño y la implementación de estas actividades.
Estas reuniones documentan que el Ministerio de Educación estaba involucrado en la planificación del programa. Corresponde ahora identificar qué decisiones surgieron de esos encuentros, qué compromisos asumieron los representantes ministeriales y si existen actas, informes técnicos o conformidades posteriores.
Las fotografías no demuestran reuniones con directivos de Technoma, pero sí acreditan la participación institucional del MEC en la política de equipamiento tecnológico.
Recursos millonarios y una adjudicación cuestionada
La dimensión económica de estas operaciones es considerable.
El programa de conectividad educativa ejecutado por el MITIC con financiamiento del FEEI contempla una inversión aproximada de US$ 60 millones, dentro de la cual se incluyó un componente para implementar 200 laboratorios tecnológicos.
Paralelamente, mediante la licitación internacional N.º 468772, financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo, Technoma obtuvo G. 12.627 millones para implementar 40 laboratorios en instituciones educativas de nivel medio.
Son dos procedimientos con fuentes de financiamiento diferentes. El primero registró una licitación de casi G. 62.000 millones que terminó cancelada; el segundo produjo una adjudicación efectiva a Technoma.
La adjudicación a esta empresa también presenta interrogantes sobre la evaluación económica de las ofertas.
En el lote principal, Celexx S.A. ofertó aproximadamente G. 9.149 millones, frente a los G. 11.413 millones presentados por Technoma. La propuesta de Celexx fue descalificada por observaciones técnicas y el contrato terminó adjudicado a Technoma, incluyendo un segundo lote.
La diferencia de aproximadamente G. 2.264 millones en el lote principal hace necesario examinar los fundamentos técnicos de la exclusión.
La decisión contractual fue adoptada por el MITIC. Sin embargo, corresponde determinar si las especificaciones educativas o las necesidades institucionales coordinadas con el MEC tuvieron incidencia en la configuración de los requerimientos de esos laboratorios.
No existe todavía prueba de que funcionarios del MEC hayan integrado el comité evaluador o aprobado individualmente la oferta de Technoma. Esa circunstancia debe verificarse a través de los expedientes técnicos.
El ministro Ramírez debe explicar qué autorizó su cartera
La responsabilidad institucional conduce directamente al despacho del ministro de Educación, Luis Fernando Ramírez, en su condición de máxima autoridad del MEC.
No se trata de atribuirle automáticamente la adjudicación realizada por el MITIC, sino de establecer el cumplimiento efectivo de las obligaciones que la legislación impone a su cartera.
El ministro debe explicar cuál fue la intervención del MEC en la definición de los proyectos, quiénes participaron en su coordinación, qué autoridades suscribieron el convenio específico y qué procedimientos se establecieron para verificar que las inversiones respondieran a las necesidades reales del sistema educativo.
También corresponde determinar si el MEC emitió conformidades sobre los requerimientos técnicos y pedagógicos, sobre la selección de instituciones beneficiarias o sobre la instalación y utilización de los laboratorios.
En particular, debe aclararse si existe documentación de coordinación del MEC relacionada específicamente con el contrato N.º 468772, adjudicado a Technoma.
La obligación legal de coordinar inversiones escolares no equivale por sí sola a aprobar una adjudicación. Pero tampoco permite que la institución rectora de la educación pública permanezca al margen de las explicaciones sobre el destino y los resultados de esos recursos.
Laboratorios pendientes e informes de auditoría sin presentar
La necesidad de rendición de cuentas se vuelve más importante al examinar los resultados de la inversión.
El tablero oficial del FEEI registraba, al 30 de septiembre de 2026, que continuaba pendiente la implementación de los 200 laboratorios tecnológicos previstos para instituciones educativas con bachillerato científico.
El mismo reporte señalaba que seguían pendientes los informes de auditoría financiera y de gestión correspondientes a los ejercicios 2022, 2023, 2024 y 2025.
Estos antecedentes corresponden al programa financiado por el FEEI y no deben confundirse con la ejecución del contrato adjudicado a Technoma mediante el BID.
No obstante, muestran la necesidad de verificar cómo se está administrando una política de inversión que depende de la coordinación entre el MITIC y el MEC.
Si el Ministerio de Educación participa en la planificación, corresponde conocer también qué mecanismos utiliza para evaluar sus resultados educativos y advertir posibles incumplimientos.
Una responsabilidad institucional que debe quedar documentada
El principal interrogante que dejan estos expedientes no consiste solamente en establecer cuánto dinero recibió Technoma, sino también en reconstruir el papel que desempeñó el MEC en las inversiones destinadas a sus establecimientos educativos.
Hay hechos documentados: una adjudicación de G. 12.627 millones a la empresa vinculada al Grupo Vázquez, un procedimiento adicional de casi G. 62.000 millones en el que participó como oferente, una autorización formal del MEC incorporada a este último expediente y reuniones oficiales de coordinación entre las instituciones.
A ello se suma una disposición legal expresa que obliga a coordinar con el Ministerio de Educación las inversiones en infraestructura y equipamiento escolar, cualquiera sea su fuente de financiamiento.
El MEC tiene, por tanto, una responsabilidad institucional propia que debe explicar y documentar, aunque no haya sido la entidad adjudicadora del contrato de Technoma.
La cartera educativa debe hacer públicos el convenio específico, las comunicaciones y actas de coordinación, los criterios utilizados para seleccionar los establecimientos y los mecanismos previstos para supervisar los resultados.
La transparencia de estas operaciones exige distinguir responsabilidades, pero también impedir que la distribución de funciones entre ministerios termine dificultando la identificación de quienes adoptaron cada decisión.
En definitiva, el ministro Ramírez debe responder una cuestión concreta: ¿cómo ejerció el MEC su obligación legal de coordinación y control educativo sobre las inversiones tecnológicas que llevaron a Technoma a los colegios públicos?
Resumen de evidencias documentales: MEC, Technoma y Grupo Vázquez
La investigación se sustenta en ocho evidencias principales, entre documentos oficiales de la DNCP, legislación paraguaya, publicaciones del MITIC, informes del FEEI e investigaciones periodísticas.
1. Evidencias de la participación y responsabilidad del MEC
1. Ley 5749/2017, artículo 13 — Responsabilidad legal del MEC
Establece que toda inversión en infraestructura y equipamiento escolar debe coordinarse obligatoriamente con el MEC, independientemente de su fuente de financiamiento. Los artículos 3 y 5 también establecen sus competencias rectoras y educativas.
Qué demuestra: el MEC tiene una responsabilidad legal de coordinación, aunque el MITIC sea la institución contratante.
La DNCP registra un documento denominado Convenio específico MEC–MITIC, publicado el 6 de octubre de 2025, entre los anexos del procedimiento para instalar 200 laboratorios tecnológicos.
Qué demuestra: existe documentación formal de intervención del MEC en esa licitación, cuyo presupuesto fue G. 61.993.761.324.
Límite: el convenio completo no pudo ser examinado; su registro no acredita una autorización específica a Technoma. El procedimiento fue cancelado.
El MITIC publicó, el 5 de febrero de 2025, una reunión de coordinación para incorporar tecnología en las instituciones educativas.
Por el MEC participaron Dalila Zarza y Marcos Rotela. La publicación documenta las gestiones interinstitucionales de planificación.
Qué demuestra: la participación efectiva de funcionarios del MEC en la coordinación de proyectos tecnológicos educativos.
Ver publicación oficial del MITIC y fotografía
4. Adjudicación a Technoma — G. 12.627.717.408
La licitación internacional N.º 468772, administrada por el MITIC y financiada mediante el Programa de Apoyo a la Agenda Digital del BID, corresponde a la instalación de 40 laboratorios tecnológicos en colegios públicos.
Qué demuestra: la existencia y magnitud del contrato público. La adjudicataria es Technoma, no el MEC.
Ver adjudicación oficial en DNCP
El expediente N.º 465406 establece el presupuesto del procedimiento destinado a instalar 200 laboratorios, en el que Technoma participó como oferente.
Qué demuestra: la dimensión económica del procedimiento que contiene la autorización del MEC.
Límite: la licitación fue cancelada. Este importe no constituye dinero adjudicado a Technoma.
Ver convocatoria y estado de cancelación
El FEEI confirma este monto aprobado para un programa amplio de conectividad educativa, que incluye entre sus componentes la dotación de laboratorios TIC para 200 instituciones de educación media.
Qué demuestra: el alcance presupuestario del programa y la colaboración entre MITIC y MEC.
Límite: los US$ 60 millones corresponden al programa integral, no exclusivamente a la compra de laboratorios.
Ver ficha presupuestaria oficial del FEEI
3. Evidencias de los cuestionamientos y conexiones empresariales
7. Diferencia de G. 2.264 millones entre ofertas
ABC Color documentó que Celexx presentó una propuesta de G. 9.149 millones frente a G. 11.413 millones de Technoma para el lote principal.
Celexx fue descalificada por observaciones técnicas y Technoma resultó adjudicada.
Qué demuestra: la existencia de una diferencia económica sustancial que justifica examinar el dictamen de evaluación. No demuestra por sí sola una irregularidad.
8. Vínculos de Technoma con ITTI y Grupo Vázquez
ABC Color identificó antecedentes de directivos compartidos, entre ellos Sergio Amado Pizurno, además de conexiones empresariales entre Technoma e ITTI.
Qué demuestra: vínculos empresariales y personales reportados entre las compañías. No acredita por sí solo una identidad de accionistas o beneficiarios finales.
4. Evidencia adicional: laboratorios pendientes y falta de auditorías
El FEEI informó que, al cierre de junio de 2026, los 200 laboratorios previstos en el programa todavía figuraban sin avances. También estaban pendientes las auditorías financieras y de gestión correspondientes a 2022, 2023, 2024 y 2025.
Este dato corresponde al proyecto financiado por el FEEI, no al contrato específico de Technoma financiado por el BID.
Ver sección «Avances a junio de 2026».
