La Fiscalía dispuso la detención de Aldo Javier Rodríguez González, director jurídico del Banco Central del Paraguay, investigado por haber intervenido en la modificación del informe de la Superintendencia de Bancos remitido al Senado en octubre, que habría omitido advertencias sobre la situación de ueno bank y la venta de cartera a Vinanzas S.A. por USD 74,4 millones.
El equipo fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción ordenó la detención de Aldo Javier Rodríguez González, director jurídico del Banco Central del Paraguay (BCP), en el marco de la causa penal 92/2026 por la caída de ueno bank.
La investigación abarca presuntos hechos de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos de contenido falso y asociación criminal. La medida fue dispuesta por los fiscales Christian Benítez Cáceres, Silvia González Vester, Verónica Valdez Rivas y Laura Giacummo, según informó el diario La Nación.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, Rodríguez González habría intervenido en la modificación sustancial de un informe técnico de la Superintendencia de Bancos que el BCP remitió a la Cámara de Senadores el 7 de octubre. Las alteraciones habrían eliminado información relevante sobre la situación financiera de ueno bank y las advertencias sobre la transferencia de cartera crediticia a Vinanzas S.A., una operación de aproximadamente USD 74,4 millones.
Para la Fiscalía, el funcionario habría actuado de forma coordinada con otras autoridades del BCP y participado en la elaboración y validación de documentos con información presuntamente falsa. El 9 de octubre, además, habría acudido al Congreso Nacional junto con otros directivos para presentar y respaldar el informe cuestionado.
Según la hipótesis fiscal, esas actuaciones habrían dificultado el control del Congreso sobre la situación del banco y retrasado la adopción de medidas correctivas, mientras ueno bank seguía operando. La investigación examina también la posible afectación de recursos del Fondo de Garantía de Depósitos y la exposición de los fondos públicos y previsionales depositados en la entidad.
La orden alcanza al área jurídica que el presidente del BCP, Jorge Schreiner, había pedido someter a una revisión de la Contraloría General de la República, junto con la Superintendencia de Bancos, cuyo titular, Holger Insfrán, fue detenido el jueves.
