El asesor jurídico de la Presidencia, Eduardo González, explicó que un proyecto de ley creará por 8 meses un consejo de supervisión para las empresas del Grupo Vázquez no alcanzadas por la investigación por lavado y asociación criminal, con un administrador que no podrá disponer de bienes sin autorización. Aclaró que no habrá una intervención estatal.
El Poder Ejecutivo impulsa un proyecto de ley para crear un consejo supervisor temporal que administre las empresas vinculadas al Grupo Vázquez, propietario de ueno bank, con el objetivo de garantizar su funcionamiento y resguardar los puestos de trabajo hasta que se defina la transferencia de sus activos.
Eduardo González, asesor jurídico de la Presidencia de la República, detalló que la iniciativa fue tratada inicialmente con autoridades del Ejecutivo y representantes de la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban). Explicó que, con la ampliación de la causa a asociación criminal y posible lavado de activos, los bienes alcanzados por la investigación pasan a la administración de la Secretaría Nacional de Administración de Bienes Incautados y Comisados (Senabico). «Seguimos teniendo información de que hay varias empresas vinculadas que no entran a esta calificación y tienen posibilidad de seguir activas», señaló en entrevista con Radio Ñandutí.
El consejo de supervisión estará integrado por representantes de la Presidencia de la República, del Ministerio de Economía y Finanzas, del Ministerio de Industria y Comercio, del Ministerio de Trabajo y del Banco Central del Paraguay (BCP). «El objetivo final es tener un instrumento normativo para manejar las empresas hasta su venta o proceso de quiebra», indicó González. Según explicó a la 1020 AM, el órgano recibirá información del BCP para analizar «la vitalidad de cada una» de las firmas. «Se verá si las empresas podrán subsistir o si deberán ir directamente al proceso de quiebra», agregó.
El asesor jurídico aclaró que la propuesta no implica una intervención del Estado en las empresas que no están intervenidas por la Justicia o administradas por la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad). «Escuché algunas preocupaciones sobre el tema y es importante aclarar que el proyecto de ley que impulsamos no tiene eso como objetivo», sostuvo. «La idea es mantener esos activos que no tienen afectación o no estén dentro del espectro de la Senabico y también ver la subsistencia de la parte laboral», explicó.
En caso de ser sancionada y promulgada, la ley tendrá una vigencia de 8 meses y se aplicará específicamente a este caso. El administrador designado revocará todos los poderes vigentes para administrar las sociedades y no podrá aprobar traspasos ni ventas de activos sin la revisión del consejo, lo que busca evitar la disposición de bienes sin autorización y proteger los empleos de empresas sin relación con la caída del banco.
«Se va a designar un administrador que cobrará sus honorarios de lo que reciban las empresas o sociedades del Grupo Vázquez, no tendrá una relación laboral con el Estado y él deberá dar un informe permanente de lo que está ocurriendo y no podrá autorizar ninguna disposición de bienes sin tener la venia del Consejo de Supervisión», concluyó González.
