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sábado, noviembre 21, 2026

Tres años de grandes fracasos en el MEC

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Tres años de gestión de Luis Ramírez dejan un MEC bajo graves cuestionamientos por contrataciones millonarias, conflictos de intereses denunciados, docentes impagos y programas educativos sin resultados demostrables. El fracaso del RUE ES, presentado por Santiago Peña como solución al escándalo de los títulos falsos, y el destino de los millonarios recursos del FEEI y la cooperación europea exigen una investigación a fondo. El Congreso debe intervenir, reclamar informes y promover auditorías sobre el manejo de los fondos públicos. Ramírez debe salir del ministerio y responder por su gestión.

Tres años de anuncios y resultados pendientes

El MEC consumió tres años multiplicando programas, contrataciones, consultorías y actos de propaganda, mientras los problemas de aprendizaje siguieron sin respuestas y se acumularon las denuncias sobre el manejo de los recursos públicos. La ciudadanía tiene derecho a conocer cuánto costó cada iniciativa, quiénes recibieron los contratos y qué resultados concretos se obtuvieron.

Luis Fernando Ramírez llegó al ministerio con las credenciales de un técnico que conocía las deficiencias del sistema educativo. Tres años después, debe responder por sus decisiones, por los programas que impulsó y por las irregularidades denunciadas durante su administración. El prestigio técnico con el que asumió no puede convertirse en una excusa para eludir responsabilidades políticas. La educación paraguaya necesita resultados verificables, una auditoría integral de los recursos administrados y explicaciones públicas de quienes estuvieron al frente de esta gestión.

Ñe’ẽry: millones, materiales y ninguna prueba suficiente de impacto

En septiembre de 2023, Ramírez presentó Ñe’ẽry, con una primera etapa anunciada de 12 millones de dólares y la ambición de convertir al Paraguay en un país de lectores. Le siguieron tutorías, NELI, una red de gestores, rutas literarias, clubes de lectura, ferias, concursos y bibliotecas de aula. Se prometieron 24.000 bibliotecas, pero se reportó la entrega de unas 12.600 durante el primer año.

El MEC anunció con bombos y platillos la distribución de cerca de 15 millones de libros y folletos, como si el volumen de materiales repartidos constituyera una conquista educativa. Después de tres años de gestión, Luis Ramírez sigue sin presentar evidencias públicas que permitan determinar cuánto mejoraron la lectura, la escritura y la comprensión de los estudiantes gracias a estas intervenciones.

El ministerio exhibe cifras millonarias de distribución, pero no demuestra su impacto en los aprendizajes. Ñe’ẽry resume uno de los mayores vicios de esta administración: gastar recursos públicos, organizar actos de propaganda y proclamar éxitos que nadie puede comprobar. La educación paraguaya terminó convertida en un catálogo de anuncios financiados por el contribuyente.

Bibliotecas de aula: 24.000 anunciadas y unas 12.600 reportadas en el primer año; no equivale a un balance final.

Tutorías, contratistas y poder regulador

Las tutorías docentes constituían uno de los pocos componentes de Ñe’ẽry con posibilidades de producir resultados duraderos. El programa contemplaba 19 tutores departamentales y uno nacional, encargados de acompañar a 2.000 coordinadores pedagógicos y 12.000 docentes.

Su ejecución fue adjudicada a la Universidad Nacional de Itapúa, a través del Consorcio Alma Educativa. Es una urgencia la rendición de cuentas de aquella contratación, las responsabilidades de cada institución y los mecanismos utilizados para prevenir conflictos de intereses.

La educación superior paraguaya no puede funcionar bajo un esquema en el que las fronteras entre contratistas, autoridades y reguladores se vuelven cada vez más difíciles de distinguir.

Escuelas Abiertas y las denuncias de docentes impagos

Escuelas Abiertas constituye uno de los episodios más escandalosos de la gestión de Luis Ramírez. Un programa de ejecución esporádica, reducido a unas pocas semanas antes del inicio de clases, terminó movilizando contratos millonarios en beneficio de Olimpiadas Especiales Paraguay, organización de la que el propio ministro había sido vicepresidente.

Según las publicaciones periodísticas, la entidad recibió contrataciones directas y sucesivas por más de un millón de dólares en 2024, a las que se sumaron recursos del BID, del FEEI y mecanismos de financiamiento asociados al PNUD. Una verdadera multiplicación de ventanillas presupuestarias alrededor de una organización estrechamente vinculada al titular del MEC, con cuestionamientos por posibles conflictos de intereses que exigen una investigación exhaustiva.

Mientras circulaban millones de dólares entre contratos, convenios y organismos internacionales, más de 1.200 docentes denunciaban que no habían cobrado por su trabajo.

El ministerio encontró recursos para financiar a la organización vinculada a su máxima autoridad, pero dejó pendientes, según esas denuncias, las remuneraciones de quienes sostuvieron el programa en las aulas.

Este episodio exige identificar a los responsables de las adjudicaciones, reconstruir el destino de cada desembolso y determinar por qué se acumularon semejantes obligaciones con los maestros. Luis Ramírez debe explicar públicamente su relación con la entidad beneficiaria y las decisiones adoptadas bajo su administración. La educación paraguaya no puede seguir financiando contratos millonarios sin una rendición de cuentas proporcional al dinero comprometido.

El círculo de relaciones que el MEC debe explicar

Las relaciones entre autoridades, asesores y entidades contratadas exigen un examen específico. Hermann Weisensee, exasesor jurídico del ministro, intervino públicamente en la controversia sobre el título de Hernán Rivas.

Según los antecedentes citados en el artículo original, también tuvo responsabilidades en Olimpiadas Especiales Paraguay. A su vez, el exviceministro Luis Cáceres Brun aparece vinculado a la entidad. Estas trayectorias obligan al MEC a publicar los expedientes, las declaraciones de intereses, los criterios de adjudicación y los controles aplicados.

La cercanía personal o institucional con quienes administran el presupuesto no puede convertirse en una ventaja para acceder a él.

La responsabilidad de un ministro que se presentó como técnico

Luis Ramírez llegó al MEC rodeado de una reputación de técnico que los resultados de su gestión no han conseguido justificar. Su ascenso político estuvo acompañado, además, por su cercanía personal y sus vínculos de amistad con familiares de Santiago Peña.

Durante tres años dispuso de recursos extraordinarios, respaldo presidencial y amplios márgenes para conducir la política educativa. El resultado es una administración cuestionada por contrataciones millonarias, programas sin resultados comprobables, denuncias de conflictos de intereses y docentes que reclaman remuneraciones impagas. Su conocimiento del sistema agrava su responsabilidad: sabía perfectamente cuáles eran los problemas y tuvo tiempo, dinero y autoridad para enfrentarlos.

FEEI: el dinero no es un resultado educativo

El FEEI merece un capítulo propio por la magnitud de los recursos que movilizó. El balance utilizado para este artículo consigna más de 775 millones de dólares asociados a 22 programas y proyectos. La ciudadanía no dispone de una demostración pública, completa y comprensible de qué mejoras de aprendizaje pueden atribuirse a semejante esfuerzo. Cursos dictados, docentes inscritos, computadoras adquiridas y contratos ejecutados no son indicadores de excelencia educativa, son gastos y actividades que deben justificarse por sus efectos.

La misma conducción del FEEI, su consejo lleno “empresarios” de la educación con graves conflictos de intereses, debe rendir cuentas proyecto por proyecto: responsables, proveedores, costos, evaluaciones independientes y resultados verificables.

No basta con publicar informes financieros dispersos. Un fondo creado para transformar la educación no puede refugiarse en el cumplimiento de procedimientos mientras los aprendizajes siguen siendo deficientes.

Si hubo proyectos ineficaces, corresponde identificarlos y explicar por qué se financiaron. Si hubo resultados, corresponde demostrarlos con datos comparables. El FEEI no puede seguir funcionando como una garantía de recursos para programas cuya utilidad pública queda sin probar. Ramírez recibió ese mecanismo y tuvo tres años para exigirle otro estándar de resultados.

El dinero europeo y el escándalo del RUE ES

El destino de los fondos europeos constituye otro capítulo que exige una investigación exhaustiva. La Unión Europea comprometió 46 millones de euros en cooperación no reembolsable, entre apoyo presupuestario y asistencia técnica, parte de ella canalizada mediante la OEI. Con esos recursos se financió, entre otras iniciativas, el desarrollo del RUE ES, presentado oficialmente con un costo de 300.000 dólares. En el sector circularon cifras considerablemente superiores, sin que el MEC haya publicado un desglose completo que permita esclarecer el costo total del proyecto.

El episodio adquiere una gravedad extraordinaria por sus antecedentes. En julio de 2024, Santiago Peña encabezó el lanzamiento del RUE ES junto a representantes de la cooperación europea. El Gobierno presentó el sistema como una herramienta ya operativa para enfrentar el escándalo de los títulos falsos.

Más de dos años después, el MEC sigue sin ofrecer una base pública de información confiable y verificable sobre las titulaciones universitarias. Los problemas de carga y mantenimiento, las observaciones sobre accesos irregulares y la parálisis del registro de títulos exhiben la distancia entre aquella presentación presidencial y los resultados de la implementación. Un sistema anunciado solemnemente como solución a los títulos falsos terminó bajo cuestionamientos por graves deficiencias en sus propios registros.

La responsabilidad alcanza al MEC, a los responsables técnicos del proyecto y a las autoridades que certificaron sus avances. Deben publicarse todos los contratos, adendas, desembolsos, consultorías, honorarios y productos entregados con fondos europeos.

También corresponde determinar quiénes aprobaron los pagos, quiénes recibieron las obras y servicios, y bajo qué criterios se dio por cumplida cada etapa. El Estado paraguayo tiene la obligación de explicar cómo se utilizaron estos recursos y por qué una inversión destinada a garantizar la trazabilidad de los títulos universitarios no ha conseguido ofrecer las garantías anunciadas. La rendición de cuentas debe alcanzar a toda la cadena de decisiones, desde la contratación hasta la recepción final de los productos.

El Congreso debe intervenir y auditar los fondos de la educación

El presidente Alliana anunció recortes de gastos superfluos por unos 276 millones de dólares para el presupuesto 2027. La decisión debe alcanzar de inmediato al MEC, donde se acumulan programas sin resultados demostrados, contrataciones cuestionadas, estructuras administrativas superpuestas y millones de dólares de cooperación internacional cuyo impacto educativo sigue sin justificarse. Resulta inadmisible que, después de semejante volumen de recursos, el ministerio continúe reclamando presupuesto mientras evade una rendición de cuentas rigurosa sobre lo que hizo con el dinero recibido.

El Congreso Nacional debe asumir su responsabilidad constitucional y exigir informes pormenorizados sobre la ejecución de los fondos del FEEI, las contrataciones de Escuelas Abiertas, los recursos de la Unión Europea, las consultorías financiadas mediante organismos internacionales y el fracaso del RUE ES. La Contraloría General de la República debe realizar una auditoría integral, identificar a los responsables de cada contratación y determinar si los desembolsos se corresponden con productos efectivamente entregados y resultados verificables. También corresponde examinar los posibles conflictos de intereses entre autoridades, contratistas y organizaciones beneficiarias.

Tres años de anuncios y presupuestos millonarios son suficientes para exigir responsabilidades. El Congreso no puede limitarse a aprobar nuevos recursos mientras persisten cuestionamientos sobre el destino de los anteriores. Debe convocar a las autoridades responsables, exigir la documentación completa y promover las investigaciones que correspondan ante cualquier indicio de irregularidad. La austeridad anunciada por Alliana perdería toda credibilidad si deja intactos los mecanismos de contratación y gasto que hoy requieren explicaciones. La educación paraguaya necesita una depuración profunda de su administración, empezando por la conducción política del MEC.

Tres años bastan para exigir responsabilidades

Tres años de gestión dejaron suficientes antecedentes para exigir una investigación integral sobre el manejo de los recursos educativos. El Congreso Nacional debe convocar a los responsables, exigir la documentación de las contrataciones cuestionadas y promover una auditoría de los fondos del FEEI, los programas financiados por la cooperación internacional y el fracaso del RUE ES. También deben esclarecerse las denuncias de conflictos de intereses y los reclamos de los docentes que trabajaron sin recibir sus remuneraciones. Cada guaraní comprometido debe tener un responsable identificable y un resultado comprobable.

Luis Fernando Ramírez tuvo tres años, recursos extraordinarios y el respaldo político del expresidente Santiago Peña. Su condición de técnico agrava la responsabilidad que le corresponde por las decisiones adoptadas. La continuidad de programas sin resultados suficientemente acreditados y las controversias sobre contrataciones y registros públicos hacen insostenible que su gestión pretenda cerrar este periodo con otro balance de anuncios.

La educación paraguaya necesita conocer el destino de los recursos administrados, las responsabilidades de quienes autorizaron los gastos y los resultados que efectivamente recibió el país.

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