El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, trasladó la sede de su gobierno de Quito, la capital, a Guayaquil en un intento por protegerse de las grandes manifestaciones contra las medidas de ajuste que han asolado el país durante la semana pasada.
Ecuador ha estado en crisis desde que Moreno anunció la semana pasada una serie de medidas que forman parte de un plan de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional, que están destinadas -en teoría- a reducir la deuda e impulsar la economía para el crecimiento, pero que están afectando gravemente el bolsillo de los ecuatorianos.
Elegido en 2017 como sucesor de su antiguo mentor, el ex presidente Rafael Correa, Moreno se ha alejado de sus políticas de izquierda y ha renegado de sus antiguos aliados.
El martes en Quito, grandes grupos de manifestantes enmascarados se enfrentaron con la policía, rompieron varias barricadas y se acercaron al palacio presidencial en el corazón del centro histórico de la ciudad donde se produjeron feroces represiones.
La decisión que enardeció a las grandes masas populares fue el fin de un subsidio al combustible que había estado vigente durante 40 años, pero que, según Moreno, le costó al país 1.300 millones de dólares al año; esta medida generó alzas de hasta 123% en los precios de los combustibles más utilizados. Además, el Gobierno también anunció que se reducirían los salarios de contratos temporales en el sector público en hasta un 20% y los días de vacaciones a 15.
El Presidente respondió a las protestas iniciales de los sindicatos de transporte declarando un estado de excepción que permitía la suspensión de ciertas libertades civiles. También le permitió mover la sede del gobierno desde Quito a Guayaquil, una medida que nunca antes se había tomado.
Moreno hizo el anuncio durante una breve aparición televisada desde Guayaquil, flanqueado por el vicepresidente, el ministro de defensa y los jefes de las fuerzas militares, una señal para los ecuatorianos de que su gobierno cuenta con el apoyo del ejército.
El presidente afirmó, sin ofrecer pruebas, que su antiguo aliado y ahora adversario, Rafael Correa, había organizado las manifestaciones para desestabilizar a su gobierno. También sugirió que Correa estaba trabajando junto con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.
«Lo que está sucediendo en estos días en Ecuador no es una manifestación social de insatisfacción y protesta frente a una decisión del gobierno», dijo Moreno. «El despido, el vandalismo y la violencia demuestran que existe una intención política organizada de desestabilizar al gobierno y romper con el orden, con el orden democrático».
Durante el día del lunes, la marcha hacia Quito se tornó violenta, con incidentes de saqueo, incluidas las instalaciones de 31 empresas exportadoras de flores, según una asociación de exportadores y ataques contra trabajadores de campo y agricultores que se negaron a unirse a la marcha.
Juan Sebastián Roldán, jefe de gabinete del presidente, dijo en una conferencia de prensa el lunes que los líderes indígenas, que marchaban con decenas de miles de personas hacia la capital, habían perdido el control sobre su pueblo y que la marcha había sido infiltrada por los partidarios de Correa para crear el caos.
«Los pueblos indígenas nunca han saqueado ni robado durante sus protestas», dijo Roldán. “Paren estas infiltraciones. Los que hacen esto son aquellos que querían convertir a Ecuador en Venezuela
Moreno insistió durante la conferencia de prensa del lunes que no devolvería los subsidios y pidió un «diálogo fraterno».
