Presidenta de facto eximió de responsabilidad penal por sus actos a las fuerzas del orden. Fuerte cuestionamiento de los organismos de derechos humanos a nivel regional. La crisis ya se lleva encima dos docenas de muertos y casi 200 heridos y detenidos.
El gobierno de facto que intenta gobernar Bolivia ha quedado en medio de un fuego cruzado de acusaciones que van desde los organismos internacionales de Derechos Humanos hasta presidentes latinoamericanos y la propia Organización de las Naciones Unidas, cuando emitió un cuestionado decreto avalando el asesinato y la tortura.
Hasta ahora, la represión se ha llevado la vida de 23 personas y casi dos centenares de heridos y detenidos. En lo que supone una escalada abusiva de violencia, la cuestionada mandataria boliviana, Jeanine Añez, ha emitido un decreto que exime de responsabilidad penal a las fuerzas del orden; en síntesis: carta blanca para reprimir y matar sin tener que dar cuenta a nadie por ello.
El cuestionado decreto señala: “El personal de las FFAA que participe en los operativos para el restablecimiento del orden interno y estabilidad pública estará exento de responsabilidad penal cuando en cumplimiento de sus funciones constitucionales, actúen en legítima defensa o estado de necesidad, en observancia de los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad”.
El presidente electo de Argentina, Alberto Fernánez, salió al cruce esta semana de tamaño atentando a los derechos humanos y advirtió a través de su cuenta de Twitter: «El gobierno de facto que usurpó el poder en Bolivia, ha liberado a las Fuerzas Armadas para que actúen sin tener que responder por sus crímenes. Crece el número de muertos. El Gobierno argentino calla. La OEA avala. @mbachelet y la ONU deben intervenir.»
La decisión disparó la preocupación de varias organizaciones. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), lo condenó sin medios términos.
“El grave decreto de Bolivia desconoce los estándares internacionales de derechos humanos y por su estilo estimula la represión violenta. Los alcances de este tipo de decretos contravienen la obligación de los Estados de investigar, procesar, juzgar y sancionar las violaciones de derechos humanos”, denunció la comisión.
Human Rights Watch pidió ayer su derogación. Según el director para las Américas del organismo, José Miguel Vivanco, sienta un precedente peligroso.
“El anunciado decreto supremo 4.078 de Bolivia no se ajusta a los estándares internacionales y en la práctica envía a las fuerzas militares el peligrosísimo mensaje de que tienen carta blanca para cometer abusos. Debe ser retirado urgentemente”, manifestó.
