La autodenominada izquierda nacional se siente cómoda haciendo política desde la oposición, porque todas sus experiencias gubernamentales tienen el rostro del fracaso, tal como lo demuestran sus gestiones fallidas de la última década de nuestro país.
Éstas implosionaron por la ausencia de un Partido que represente a una mayoría, por su incapacidad de interpelar a las masas y por la impericia para contener a sus propios aliados, cómo quedó de manifiesto con el caso de Lugo y, más recientemente, con Mario Ferreiro.
Divisiones internas finalizaron en sendas crisis políticas, anticipando el fin de sus respectivos ciclos. En el caso luguista, su principal aliado -el PLRA- además de otros partidos menores como el PDP, se convirtieron en sus verdugos; mientras que en el caso de Mario Ferreiro, una disputa entre antiguos aliados de la otrora fuerza de izquierda que le sirviera de base, el extinto P-mas, lo condujo hacia una escandalosa debacle.
El gobierno de Lugo es que el ostenta el poco halagador récord de ministros y funcionarios imputados e incluso condenados de la historia de la transición paraguaya. Mientras que el “progresismo municipal” de Ferreiro finalizó abruptamente luego de filtrarse, con lujo de detalles, un esquema de recaudación paralela, aprietes y tráfico de influencia.
Estas dos experiencias dejan varias lecciones, pero una de las principales es que la corrupción no es monopolio de los partidos tradicionales, sino que involucra de manera directa a voraces empresarios contratistas, “respetados” referentes de la sociedad civil, del periodismo y a casi todos los partidos de nuestro sistema político.
Todos los hechos ocurridos recientemente en el municipio asunceno terminan no solamente golpeando a aquella escisión del Frente Guasu que en su momento se denominó “Avanza País”, sino que su efecto rebote se extiende a todo el sector “progresista”, ya que se hace patente el hecho de que no representan ninguna opción de cambio, mucho menos de gobernabilidad, previsibilidad y orden democrático.
Las fuerzas de izquierda han demostrado que no tienen ninguna vocacion en revertir los déficits institucionales de gobiernos colorados. Todo lo contrario: éstas solo saben añadirles inutilidad, amateurismo político y cobardía para afrontar las crisis. Multiplicaron la corrupción colorada en un explosivo cóctel de ingobernabilidad y faltas severas en materia de gestión.
Por el golpe que representa el escándalo de corrupción de la administración Ferreiro a la imagen de la “izquierda nacional”, el Frente Guasu también sufre un daño colateral. Esto es más grave aún si tenemos en cuenta que carecen por completo de una figura presidenciable para el 2023. La centralidad indiscutible de Lugo hace que este espacio político descanse exclusivamente en una disparatada interpretación de la Constitución Nacional, según la cual un ex presidente de la República conserva sus derechos políticos si y solo si fue destituído por juicio político.
El fracaso del DJ, devenido político, no es solo el fracaso del sector progresista, es un capítulo más de la farsa de los “outsiders”. El ultimo que chocó la calesita es Mario Ferreiro, pero antes de él fue Cartes, cuyo gobierno fue marcado por un intento de atropello a la democracia y por el atraco a la sede del principal partido de oposición, con asesinato incluido. Antes de Cartes fue Lugo, destituido por sus propios aliados luego de una masacre entre policías y campesinos con una decena de muertos.
Estos ejemplos, incluso, nos llevarían hasta Wasmosy, el “exitoso” empresario que iba adelantar “50 años en 5” al Paraguay y no hizo más que sumir al país en una de las peores crisis económicas de nuestra historia, con quiebras de bancos y estafa a ahorristas.
Los citados fracasos no hicieron más que demostrar la administración de la cosa pública no se puede confiar a CEOs de empresas, a curas, a animadores de fiestas o presentadores de televisión. La historia política paraguaya debe romper con el movimiento pendular entre “empresarios fraudulentos” y “aventureros ignorantes del Estado”.
Esta exigencia debe conducir a tomar en serio la necesidad de fortalecer los partidos políticos, impulsar con más fuerza la formación de sus dirigentes y la carrera civil en el Estado. Ese es el camino por el que puede emerger una nueva dirigencia nacional, nucleada a partir de consensos mínimos como el civismo, la centralidad del control ciudadano, el respeto a los derechos humanos y la defensa de la soberanía nacional.