Contra la campaña de estigmatización de lo público de parte de determinados sectores, informes internacionales destacan la buena respuesta del sector eléctrico en Paraguay en el marco de la crisis de COVID-19.
Mucho se habla de que la pandemia de coronavirus viene de la mano de la “otra pandemia”, la económica. Sin embargo, poco se considera la importancia del sector energético en este sentido.
De acuerdo al Banco Interamericano de Desarrollo, «la energía eléctrica es indispensable para garantizar el funcionamiento adecuado de hospitales y puestos de salud, asegurar el bienestar de la población en aislamiento, y para mantener niveles de productividad básicos y de la actividad económica asociada».
Sin embargo, el virtual paro de la actividad económica, a raíz de las medidas de emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19, provocó que muchos usuarios -corporativos o residenciales- no puedan afrontar las facturas de su consumo, el cual en muchos casos aumentó por las largas horas que la gente pasa en su casa.
Por eso, para asegurar que las personas continúen teniendo suministro eléctrico en momentos en que tiene mucha dificultad para pagar sus cuentas, los Estados han salido a hacer frente a la situación, con diversas ayudas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) elaboró un detallado informe comparando las estrategias que han desplegado los gobiernos de América Latina y el Caribe para atenuar los efectos de la crisis de COVID-19 en los usuarios más vulnerables de electricidad.
Paraguay, el que más consumo residencial exoneró
“Covid-19 y el sector eléctrico en América Latina y el Caribe. ¿Cómo ayudar a los grupos vulnerables durante la pandemia?”, se titula el informe que publicó el BID para analizar y comparar los distintos enfoques con que se encaró la ayuda de los Estados a los usuarios vulnerables de electricidad.
Allí se constata que 80% de los países de la región optaron por prohibir los cortes de energía por falta de pago durante la crisis de COVID-19. En el caso de Paraguay, se exoneró el pago de las tarifas eléctricas a los consumidores de menor facturación (hasta 500 kWh) y se ha permitido a los usuarios más grandes el pago diferido a 18 meses, sin recargos o intereses.
Del informe se desprende que el Paraguay es el país en donde se tiene el mayor valor de consumo de energía residencial exonerado. Esto ha sido posible porque la empresa que gestiona el servicio, la ANDE, es de propiedad estatal.
La importancia de mantener el servicio eléctrico bajo propiedad y gestión pública.
El sector eléctrico se vio directamente golpeado por el confinamiento obligatorio decretado en la mayoría de los países del mundo de dos maneras. Por un lado, la electricidad vio considerablemente disminuida su demanda en el sector productivo y, consiguientemente, también disminuyeron los ingresos derivados de su distribución.
Por otro lado, y paralelamente, el consumo residencial aumentó, pero a los usuarios residenciales se les hace difícil poder abonar sus facturas, porque en muchos se vieron afectados económicamente por la cuarentena (pérdidas o suspensiones laborales, congelamiento de actividades informales, etc.)
Estos dos factores contribuyeron a que mermen gravemente los ingresos de las compañías eléctricas. Por eso, los países que mejor asistieron en términos energéticos a los sectores vulnerables fueron aquellos donde la electricidad está bajo el monopolio público de la producción y comercialización , como sucede en Paraguay.
Recordemos que, mientras que muchos países privatizaron parte o completamente su sector energético (sobre todo durante la etapa del llamado “Consenso de Washington”), otros continuaron preservándolos bajo control estatal, considerándolos un servicio estratégico.
Así, durante la pandemia -según se puede analizar en el informe del BID mencionado- en los países donde el sector eléctrico en distribución está monopolizado por el capital privado, no se ha observado ninguna exoneración de importes facturados a la población más vulnerable, puesto que, naturalmente, las empresas han priorizado mantener la liquidez de sus empresas.
En los países donde el monopolio es público, el Estado conserva resortes que le sirven para actuar de forma contracíclica.
Beneficiar las transferencias directas por sobre los subsidios para llegar a quienes más lo necesitan
El informe del BID también profundiza en las distintas metodologías que se emplearon para morigerar los efectos de la llamada “pandemia económica” y asegurar el suministro eléctrico a quienes no pueden pagar.
En este sentido, el reporte considera que las mejores medidas son las que cumplen con dos objetivos: llegar efectivamente a la parte de la población que más necesita el apoyo y reducir impactos financieros (sobre todo, en las empresas energéticas) y distorsiones económicas que produce la intervención del mercado.
Según el BID, los gobiernos deben privilegiar las transferencias directas de los sectores más desfavorecidos económicamente, es decir, aumentar sus ingresos (por vía de programas de transferencias) para que puedan pagar sus tarifas. El congelamiento de tarifas, por el contrario, termina beneficiando a usuarios que podrían perfectamente pagarlas y traslada el problema al sector energético, que termina desfinanciado.
Por eso, sería recomendable que Paraguay continúe con la política de asistencia energética a los sectores vulnerables pero que revea la manera en que hoy en día gestiona esta ayuda.
¿Puede Paraguay privatizar su sector energético?
Por lo antes expuesto, queda claro que en momentos de crisis -como es el caso de una pandemia- es fundamental que el Estado pueda directamente controlar el sector energético, puesto que para la sociedad la energía es un recurso estratégico, mientras que para las empresas es una fuente de lucro.
Más allá de esto, como afirma el especialista del sector eléctrico, Ing. Juan José Encina (expresidente de la Unión de Ingenieros de la ANDE, miembro de la Asociación Mundial de Ingenieros IEEE), en Paraguay, por cuestiones técnicas, el sector energético en sus ramas de transmisión y distribución debe permanecer monopólico, ya sea público o privado.
Esto es así porque en el sistema de tendido eléctrico no puede haber líneas de transmisión paralelas en un mismo tramo pertenecientes a distintas empresas. Podría, sí, existir la posibilidad de que una empresa privada construya una línea de transmisión de 500 kV alternativa en una región, pero ya existiendo la de la ANDE no se justifica la inversión y, por eso, no hay inversionistas interesados en competir. Allí donde no llega la empresa de propiedad estatal tampoco el capital privado quiere llegar porque no representa un negocio rentable.
Esta situación explica por qué hay sectores que especulan con la privatización de la ANDE y no con la posibilidad de abrir el mercado energético para la libre competencia. Al margen de esto, hay que aclarar que el empresariado sí participa del sector energético como proveedor de las diferentes licitaciones que hace la ANDE para ampliar, mejorar y mantener su servicio.
Entonces, la alternativa es monopolio privado o monopolio público; si en épocas de normalidad ésta podría ser una disyuntiva real, la pandemia nos enseña que el mejor camino es mantener la propiedad pública de un área estratégica como es la energía.
Ahora bien, por su carácter de recurso clave, se debe imperativamente mejorar los niveles de satisfacción de los usuarios.
RESUMEN DE MEDIDAS APLICADAS EN EL SECTOR ELÉCTRICO POR LOS PAÍSES AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
Fuente: BID
