La Ley 6355 obliga a proveedores del Estado a presentar sus declaraciones juradas. Sin embargo, la aplicación de la norma se encuentra suspendida por la Corte. La “patria contratista” exige transparencia a los demás, pero ellos no la practican.
Según algunos sectores de la sociedad y del periodismo, la publicación de las declaraciones juradas de funcionarios públicos representa el inicio de una nueva era en la transparencia. Esto es una media verdad si tenemos en cuenta que la corrupción es, como dice el famoso dicho, un «tango que se baila de a dos», es decir, algo que involucra a una inseparable pareja público-privada. Por lo tanto, es urgente exigir que los grandes proveedores del Estado rindan cuentas a la ciudadanía.
Dado que las ganancias de estos proveedores del Estado provienen de inmensos recursos públicos, debería ser una obligación que los propietarios de dichas empresas presenten la trazabilidad de sus rentas, el detalle de sus bienes, los comprobantes del pago de sus impuestos y la situación laboral de sus empleados.
La publicación de las declaraciones juradas puede ser un potente instrumento de lucha contra hechos de corrupción, siempre que abarque a toda la red público-privada que controla las compras públicas. Además, el Estado debe tener más herramientas de control para neutralizar el uso empresarial de información privilegiada en todos los ámbitos: comerciales, financieros o productivos.
Todo esto, sin mencionar la cuestión del financiamiento político, en el que grandes grupos económicos «invierte» casi sin control, como si se tratase de una apuesta orientada a expectativas de siderales ganancias futuras. No exigir a los proveedores del Estado que transparenten su situación patrimonial es posicionarlos en un trono de privilegio, dado que con sus rentas ponen y sacan autoridades, pero sin dar la cara ante la ciudadanía.
No solo el rostro visible del Estado debe rendir cuentas, sino además los que desde las sombras dirigen y sacan provecho de los recursos públicos disponibles.
En este sentido, en agosto del año pasado, el Parlamento sancionó la Ley 6355, que en su redacción modifica varios artículos de la Ley 5033/13, normativa que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional sobre la declaración jurada de bienes y rentas, activos y pasivos de los funcionarios públicos. Esta norma, a su vez, obliga también a los proveedores o contratistas del Estado a que presenten sus declaraciones juradas de bienes, en vista de que los contratos de las compras públicas cuestan al Tesoro Nacional miles de millones de dólares al año, que necesitan ser prioritariamente transparentados.
Esta normativa fue atacada por diferentes gremios, como la Unión Industrial Paraguaya y otros, planteando sucesivas acciones de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia, logrando que ésta suspenda los efectos de la Ley.
Muchos de estos empresarios, que hacen alarde de su honestidad en sus apariciones en diferentes medios de prensa, amasaron fortunas tan envidiables como la de algunos políticos, sobre la base de contratos sobrefacturados, obras que no cumplen los requisitos o provisiones deficitarias, tal como vimos últimamente.
Su vínculo con el Estado no se forjó por sus grandes cualidades empresariales, sino por los lazos íntimos que tuvieron siempre con el poder, desde las dictaduras del pasado así como durante el periodo democrático.
Solo una mirada estrecha -burdamente ignorante de los límites porosos del Estado- puede considerar a estos agentes económicos como ajenos al orden de lo público. Del mismo modo, solo una interpretación restrictiva de la CN -que instrumenta el «positivismo jurídico» con fines mercantilistas- puede considerar a las empresas proveedoras como ajenas al orden de lo público. Por el contrario, estos grupos económicos tienen lazos estrechos con funcionarios, mandos medios del Estado y dirigentes políticos de gran incidencia en la toma de decisiones. La mayoría son grupos económicos que viven de las erogaciones estatales, sin las cuales no tendrían ni un segundo de vida comercial en un mercado realmente competitivo.
Es, como mínimo, inmoral que la ciudadanía no pueda conocer el patrimonio de aquellos que todos los años embolsan millones de dólares en diferentes formas de contratos públicos, más aún conociendo -por medio de informes de organismos internacionales- que el sector de las compras públicas es el foco más grande de corrupción del Paraguay.
Si la primavera de la transparencia ha de llegar, pues que sea para todos; para funcionarios públicos, así como para los empresarios que lucran con el Estado. Que todos los habitantes de este país sepan a los bolsillos de quiénes van sus impuestos.
