Compartimos una publicación del blog de economía El Excedente, donde se reflexiona sobre los costos sociales de la austeridad fiscal en contextos recesivos como el que atraviesa el mundo durante la pandemia de Covid-19.
Por: @elexcedente
Grosso modo, podemos definir una política fiscal expansiva como un aumento del gasto público, aunque ésta también pueda realizarse a través de la disminución de los impuestos. Normalmente, podemos relacionar política fiscal expansiva con la generación de déficits públicos. En tiempos donde la actividad se resiente, se pagan menos impuestos y el gasto tiende a aumentar, por lo que el déficit público aumenta.
Hoy, en tiempos de pandemia, y por ende de recesión mundial, los déficits públicos son la regla en todo el mundo. Aunque, a decir verdad, los déficits públicos han sido la regla en todo el mundo en los últimos años. Desde 2006 a 2020, más del 50% de los países han caído en déficits fiscales. Este 2020 se espera que el déficit público de Paraguay ronde el 7% del Producto Interno Bruto (PIB). Entendamos que la recesión es la que disminuyó la recaudación y obligó a aumentar ciertas partidas de gasto.
Gran parte de los economistas locales, por no decir todos, piden un ajuste fiscal y una vuelta a los objetivos fiscales anteriores lo más pronto posible. Por ejemplo, que para el año 2022 el déficit fiscal vuelve a converger a 1,5% del PIB, como estipula la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF).
Ahora, ¿por qué tanta insistencia con la austeridad fiscal? Si bien es cierto que las políticas fiscales expansivas tienen límites, muchas veces el pedido de los economistas se centra en el saldo del déficit per se, es decir, independientemente de su impacto en otras variables. Así unas finanzas con déficits fiscales pequeños se vuelve un objetivo en sí mismo. Esto es conocido comúnmente como el credo de las “finanzas sanas”. Muchas veces, más allá de los efectos reales de la política económica, la insistencia en las finanzas sanas tiene como objetivo algo tan difuso, y discutible, como apuntalar a «la confianza de los inversionistas».
Hay que recordar que nos encontramos en un momento muy delicado económicamente, lo que quiere decir que un ajuste de esa magnitud requiere un costo social y económico muy alto. El presupuesto del Estado debe depender de objetivos de política económica concretos, como el mantenimiento del empleo, la actividad y la inflación. Es decir, debe ser “funcional” a objetivos macroeconómicos y sociales. Por lo tanto, en un momento recesivo como este, lo ideal sería una política expansiva para retomar los niveles de ingresos anteriores, disminuir el costo social y que la actividad mantenga una pronta recuperación.
Ahora, ¿cuáles son los límites de una política fiscal de este tipo? Lo cierto es que un economista siempre respondería “depende”. Primero, los límites nunca son financieros. Es técnicamente correcto afirmar que un gobierno nunca puede quedarse sin dinero: es el emisor de dinero de una sociedad. Por lo tanto, “de dónde sacaremos el dinero” no es una restricción (al menos en el corto plazo). La restricción depende en general de dos cuestiones: de la utilización de la capacidad de tu economía y de la disposición de los agentes a retener saldos en su propia moneda local.
Por un lado, mientras la capacidad de una economía esté infrautilizada, es decir, con recursos desempleados o subempleados (como es el caso de una recesión) una expansión de la demanda podrá emplear esos recursos y aumentar la producción, por lo que el efecto en la inflación sería nulo o mínimo. Por otro lado, si la capacidad está completamente utilizada, un aumento de la demanda probablemente solo aumentaría los precios.
Ahora, lo anteriormente descrito es cierto en teoría, y para una “economía cerrada” o emisora de una moneda que funge de reserva internacional del valor (como el dólar). Para “economías abiertas” y sin moneda de reserva internacional, como Paraguay o el resto de América Latina, la principal restricción es la segunda que citamos: la disposición de los agentes a retener saldos en su moneda local. ¿Por qué? Porque ni llegado al límite del “pleno empleo”, los países con estas características enfrentan restricciones de divisas o “externas”. Para ponerlo en contexto: una expansión de la demanda puede acelerar las importaciones, y, por ende, la demanda dólares, lo que puede generar devaluaciones y con esto, saltos inflacionarios a través de los costos (al ser el tipo de cambio un costo importante en nuestra economía).
Por supuesto, el mecanismo no solo puede operar vía aumento de las importaciones (lo que realmente generaría la “escasez” de dólares es un déficit en la Cuenta Corriente del Balance de Pagos), sino también por un canal financiero. Los agentes simplemente pueden decidir “dolarizar” sus mayores saldos o excedentes, lo que en última instancia presiona sobre el tipo de cambio. Por supuesto, siempre que el Banco Central haya acumulado Reservas Internacionales podrá intervenir en el mercado y mantener un valor determinado del tipo de cambio. Pero esto depende, obviamente, de los dólares que entren o se oferten en la economía, y esto se hace genuinamente a través de exportaciones, aunque también de forma más fugaz, a través de la deuda externa.
En suma, el espacio fiscal para mantener una política expansiva en los siguientes años debe tener como restricción o debe depender, esencialmente, de la “cantidad de dólares o divisas” que circulen o entren a nuestra economía. Esto dependerá del valor de las exportaciones y el nivel de Reservas Internacionales del BCP, como también de la “salida” de divisas generadas de manera brusca por los pagos por intereses de la deuda externa, que tiene varios vencimientos en los próximos años. Por eso es que el proceso acelerado de endeudamiento externo también posee límites, aleja la restricción externa en el presente porque representa una gran entrada de divisas, pero compromete grandes salidas de divisas en el futuro.
En conclusión, no debemos simplemente esperar una convergencia a unas “finanzas sanas” o a la LRF porque sí, sino que estas decisiones deben tener en cuenta el contexto socioeconómico, los objetivos socialmente deseados y la restricción externa presente en la mayoría de las economías abiertas sin moneda de reserva internacional de valor. Deben ser funcionales.
