La noción de «lawfare» cobró relevancia en nuestro país luego de la detención de Efraín Alegre. Sin discutir la pertinencia misma del concepto, en este artículo explicamos por qué es incorrecto su uso para dicho caso.
Luego de la detención de Efraín Alegre, surgió en la opinión pública -entre referentes políticos e “intelectuales”- la noción de lawfare para referirse a la persecución política que estaría viviendo el presidente del PLRA. Este vocablo inglés es una contracción de “law” (ley) y “warfare” (guerra) y se popularizó en los últimos años en América Latina a raíz de las numerosas causas judiciales por presuntos hechos de corrupción que se abrieron contra expresidentes y líderes políticos.
Los que defienden la pertinencia conceptual de la idea de lawfare, tema controversial entre constitucionalistas, sostienen una definición compleja del fenómeno, que no se reduce para nada a la clásica instrumentación de la justicia de acuerdo con intereses políticos. Por el contrario, la idea supone una nueva articulación entre medios de comunicación, poder judicial e intereses geopolíticos del centro capitalista.
Según el jurista argentino Raúl Zaffaroni, uno de los teóricos del lawfare, se trata de una respuesta punitiva ante el linchamiento mediático. Es decir, es el sistema penal reaccionando ante la presión de los medios hegemónicos, con el fin de fulminar la participación política de los líderes populares. A esto se debe agregar, como elemento constitutivo del concepto, la ya mencionada imbricación de intereses geopolíticos en la política doméstica de los países subordinados al orden internacional.
Tomando en cuenta lo dicho, ¿se puede considerar que lo sucedido con Efraín Alegre es un ejemplo local de lawfare, tal como sostienen varias figuras de la opinión pública? Es evidente que no corresponde y que su uso para describir el encarcelamiento del excandidato a presidente del PLRA es una muestra más de la precariedad intelectual de los referentes de la oposición.
En primer lugar, Alegre goza del apoyo de los medios hegemónicos de Paraguay. Los diarios nacionales de mayor tirada, como ABC y Última Hora lo respaldan abiertamente. Ya esto invalida el uso del concepto de lawfare, porque el linchamiento mediático es el elemento más importante de las supuestas operaciones judiciales contra determinados actores políticos.
El acompañamiento mediático que tiene Alegre está en las antípodas de los casos emblemáticos del lafware. Para comprender esto resulta útil leer lo que afirma el expresidente brasileño Lula da Silva en el prólogo del reciente libro ¡Bienvenidos al Lawfare!: «Así es como se aseguran las condiciones legales para que el enemigo sea puesto en prisión y quede imposibilitado de intervenir en la vida política. Los grandes medios de comunicación, con la televisión al frente, se encargan de difundir incesantemente el fallo judicial, dispuestos a darle legitimidad a todo un proceso absolutamente espurio.»
En segundo lugar, la prisión preventiva que pesa sobre Efraín no supone una restricción ineludible de su libertad: se le otorgaron, como es común en la práctica jurisdiccional penal, medidas alternativas que él mismo de manera voluntaria no quiso cumplir, de modo a dar un gesto político. Ni siquiera podría hoy recurrir a tribunales internacionales porque su defensa no agotó los recursos internos; todo lo contrario, su propio abogado admitió que por orden de su defendido no apeló las determinaciones de la jueza Cynthia Lovera, de manera a declararse en abierta rebeldía para, nuevamente, dar un gesto político.
A diferencia de Efraín Alegre, todos los que denunciaron ser víctimas del lawfare -desde Cristina Fernández de Kirchner a Lula da Silva o Rafael Correa- dan pelea en el ámbito jurisdiccional y en contextos mucho más adversos que los que presenta el escenario de nuestro país, pues contra ellos se llevan adelante enormes campañas mediáticas que condicionan la opinión pública y la presión que pesa sobre los jueces y fiscales.
En el caso de Lula y Correa, ambos fueron condenados y sus defensas denunciaron a lo largo de todo el juicio las irregularidades. Por el contrario, Alegre tiene el amparo de los más importantes “formadores de opinión” y desde ahí desiste de utilizar los canales judiciales, bajo la excusa de que su imputación no corresponde o fue mal hecha, como si fuese posible, en este caso, invocar el derecho a la resistencia para desconocer la validez del orden jurídico.
Esto último podría ser considerado un buen argumento para estructurar su estrategia de defensa, más aun cuando la discusión sustantiva en materia penal tiene que ver con la comisión del delito. Así, quien se considera víctima de una imputación arbitraria, como es el caso de Efraín Alegre, debería aceptar los procedimientos judiciales y durante la investigación presentar pruebas para desacreditar la tesis de la Fiscalía y, si ésta insistiera, discutirlas en juicio.
Lejos de ser una novedad política, si fuera cierto que los cargos por los que se imputa a Efraín no corresponden (por haber estado él impedido de administrar su campaña electoral por su carácter de candidato), se trataría de un episodio más del mal funcionamiento de la justicia penal paraguaya, donde sobran imputaciones malas y sin sentido que luego son desacreditadas durante el transcurso de los procesos judiciales.
En síntesis, Efraín Alegre es un raro caso de lawfare: no representa un proyecto político popular, no hay elecciones en las que participe este año y de las que pueda estar excluido, los medios de comunicación no lo satanizan y el capital financiero internacional no lo desaprueba.
Esto no significa que el presidente del PLRA no pueda ser víctima de poderes fácticos que tienen influencia sobre el accionar de algunos jueces y fiscales, pero utilizar la categoría de lawfare para referir a su situación es incorrecto. Quienes la utilizan quizás ignoren su concepto, quizás quieran adornar sus opiniones con vocablos presuntuosos o, simplemente, están alineados políticamente con Alegre e intentan abonar el relato que el líder liberal construye al negarse a obedecer las medidas alternativas que le permitirían estar hoy en libertad y defenderse ante la justicia.
